Lógico: surgen voces a favor y en contra

El anuncio de la estatización de Vicentin tuvo una repercusión inmediata dentro en el arco político, tanto afín al Gobierno como opositor, y desde el sector agropecuario, donde hubo reacciones dispares ante la medida.

Uno de los que respaldaron la decisión fue el gobernador de Santa Fe Omar Perotti: “Vamos a acompañar a Gabriel Delgado (designado como interventor) en esta tarea que se le ha encomendado. Lo vamos a hacer en el resguardo de los intereses de todos los santafesinos por lo que significa hasta aquí una empresa como Vicentin y con las dificultades que ha atravesado, con la preocupación que ha generado en muchísimos productores que son acreedores”.

Ricardo Alfonsín, embajador de la Argentina en España, sostuvo: “Celebro la idea del Presidente de darle al Estado la oportunidad de contar con una empresa testigo en el mercado de granos y de cambios. Es una decisión no sólo económica, sino también políticamente estratégica”.

Por su parte, el directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, avaló la decisión y dijo que el Gobierno “se está haciendo cargo de un gran problema”. “Frente a la necesidad, utilidad o consideración estatal de que es necesario en este caso una empresa con la talla de Vicentin, que tiene impacto en las exportaciones, en sus acreedores y proveedores, el Estado decide. No veo que se esté yendo a Venezuela por esto”, subrayó.

El extitular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, también defendió la medida: “Acá había intervención o terminaba todo concentrándose más en multinacionales. Además, Gabriel Delgado entiende que el fuego quema y el agua moja. Entiende el comercio de granos y es una persona muy cercana a Alberto”.

Dentro de la Mesa de Enlace, hubo versiones contrapuestas. Por un lado, la Sociedad Rural Argentina señaló mediante un comunicado que “ve con preocupación la intervención al Grupo Vicentin vía DNU”, así como su eventual expropiación a través del proyecto de ley que se enviará al Congreso. Por otro lado, Carlos Iannizotto de Coninagro, sostuvo: “Es clave sostener las fuentes de empleo, mantener la cadena de pagos, asegurar que el productor esté a salvo, en particular el tambero de esa zona”.

Mario Negri, presidente del Bloque de Diputados de UCR, criticó la decisión: “Un DNU puede tener fuerza de ley si cumple con los requisitos que establece la Constitución Nacional pero jamás puede tener la fuerza de un fallo judicial. La intervención a Vicentin por un DNU demuestra que el gobierno se atribuye funciones de los tres poderes. Es gravísimo”. En tanto, el diputado nacional Cristian Ritondo, aseguró: “La soberanía alimentaria no se logra con expropiaciones sino con inversiones. El anuncio sobre Vicentin es peligroso, ilegal e inconstitucional. Además de pasar por encima del Congreso y el Poder Judicial, la medida le costará miles de millones de dólares a los argentinos”.

Finalmente, el ministro de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri Luis Etchevehere señaló: “Muy mala noticia la intervención/expropiación de Vicentin por Decreto. El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinos pagando la fiesta”.