Advirtió la Corte por ‘‘judicialización’’ de las elecciones

Ricardo Lorenzetti junto a los camaristas electorales Santiago Corcuera, Rodolfo Munné y Alberto Dalla Vía, en la exposición ante los apoderados de los partidos.

La Corte Suprema de Justicia manifestó su preocupación por una eventual ola de «litigiosidad» derivada de la aplicación de la nueva ley electoral. El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, pidió profundizar los canales de información respecto de la normativa para evitar que el proceso electoral quede salpicado por eventuales juicios. «Con más información habrá menos litigiosidad», sintetizó.

Lorenzetti participó ayer de una reunión del Consejo Consultivo de partidos políticos, organizada por la Cámara Nacional Electoral para exponer los puntos centrales de la nueva ley y despejar dudas de los apoderados de las organizaciones. Al momento del intercambio de información, quedó patente que muchos interrogantes partidarios se encuentran todavía sin respuesta por parte de las autoridades judiciales.

El presidente del máximo tribunal del país planteó la necesidad de una «campaña de difusión masiva» y que «todos los partidos políticos entiendan cuál es el nuevo régimen normativo y realicen los actos necesarios para adecuarse». Y agregó: «Es muy importante prevenir los conflictos, no ganamos nada con judicializarlos».

Las advertencias de Lorenzetti tuvieron varios antecedentes en los últimos meses. Jueces con competencia electoral como María Servini de Cubría (federal) y Manuel Blanco (Buenos Aires) avisaron de las complicaciones a la hora de aplicar la normativa. Dieron a entender que el sistema sólo funcionará en la medida que no surjan apelaciones por parte de los partidos políticos a priori afectados por lo apretado del cronograma electoral.

En el Poder Judicial impera la sensación de que se trata de una ley hecha a medida del oficialismo pero de la cual ni siquiera sus propios seguidores tienen cabal entendimiento. Los jueces temen que la experiencia de las primarias termine por convertirse en un fracaso o incluso en un nuevo «caso Chubut», donde resulten ser los magistrados los responsabilizados por una normativa que consideran ajena. Estas primarias serán una experiencia nueva a cuyos resultados algunos temen.

La advertencia de Lorenzetti coincidió con la presentación del PRO de una medida cautelar ante la Justicia electoral para que fuesen declarados inconstitucionales algunos artículos de la nueva ley de primarias abiertas y obligatorias, en concreto, los referidos a la distribución de pauta publicitaria en radio y televisión. Además del supremo, el encuentro de ayer contó con la participación de los miembros de la Cámara Electoral Rodolfo Munné, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía.

Finalizado el acto protocolar, los apoderados de los partidos políticos se quedaron en el tribunal para intercambiar información con algunos funcionarios judiciales. Hubo muchas dudas, algunas recriminaciones y también interrogantes compartidos entre representantes partidarios y secretarios de Cámara.

Hubo un momento de incertidumbre generalizada cuando uno de los apoderados lanzó una pregunta inesperada: una vez aprobadas las listas «colectoras» o de adhesión, ¿qué pasaría si un partido utilizara ese sistema para las primarias en lugar de para las generales? Los funcionarios y el resto de los presentes se miraron entre sí, y todos debieron reconocer que no había respuesta para el interrogante.

Luego terció un representante del Partido Liberal de Corrientes, la agrupación política más antigua de la Argentina. Explicó que su agrupación irá a los comicios en alianza con otros partidos y consultó acerca de la manera de compatibilizar eventuales diferencias entre las cartas orgánicas de cada organización. En ese caso, le dijeron, deberá conformarse una nueva carta orgánica específica para esa alianza.

Otra duda curiosa surgió del apoderado del PJ de Catamarca. Preguntó de qué manera se compatibilizarán los resultados de las primarias con el cumplimiento del cupo femenino, en caso de que surgieran candidatos mayoritariamente hombres -o mujeres-. Frente a esa situación, se le recomendó incorporar la previsión en la carta orgánica.

Al inicio de la ronda de preguntas había roto el hielo la dirigente multipropósito del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Vilma Ripoll. La enfermera tomó el micrófono para quejarse por las condiciones de la nueva ley electoral, en particular para los partidos más chicos. Alegó que el piso de avales del 0,4% impuesto para la provincia de Buenos Aires requiere la presentación de al menos 27 mil fichas de afiliación con sus respectivas fotocopias de DNI, en tiempo récord.

La intervención de Ripoll obtuvo como única respuesta que se trata de una condicionalidad impuesta por las autoridades bonaerenses, sobre la cual no tienen facultades los jueces electorales nacionales. Debería leer las normas antes de preguntar.

Le siguió un apoderado del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), quien adelantó que la agrupación hará un pedido de inconstitucionalidad sobre el artículo de la norma que fija un piso del 1,5% de los votos en las primarias para poder presentarse en las generales. Lo consideró una «aberración» y dijo que se trata de un requisito «proscriptivo». También preguntó quién será el encargado de verificar que los candidatos cumplan con los requisitos exigidos para presentarse, ante lo cual se le contestó que será responsabilidad de cada partido, y que la Justicia electoral sólo intervendrá «por vía recursiva», es decir, ante eventuales objeciones.