Alboroto en España por plan para no atender a ilegales en hospitales

El jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, gesticula con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ambos defendieron en el Congreso los ajustes, ante los embates de la oposición socialista.

Madrid - El Gobierno de Mariano Rajoy defendió ayer en el Congreso sus últimos y drásticos recortes en materia de salud, que incluyen cancelación de las prestaciones a los inmigrantes irregulares, algo que desató acusaciones de «xenofobia» de parte de la oposición socialista.

Las áreas de salud y educación, tradicionalmente protegidas en España, se han visto afectadas por un ajuste de 10.000 millones de euros que se suma a austeros presupuestos generales del Estado, entre presiones de la Unión Europea y los mercados financieros para que el país cumpla el objetivo de reducir el déficit fiscal del 8,5% del PBI en 2011 al 5,3% este año y al 3% el próximo. Para esto se han introducido recortes del gasto totales por 27.300 millones de euros, cuyo impacto se sentirá plenamente en los próximos meses en una economía con un 24% de desempleo y que en el primer trimestre volvió a caer en recesión.

Ahorro

Una de las modificaciones derivadas de la reforma sanitaria, que pretende generar un ahorro total de 7.000 millones de euros, implica que el 31 de agosto dejarán de ser válidas las tarjetas sanitarias de los inmigrantes irregulares, un cambio con el que el Gobierno espera ahorrar 500 millones. Esas personas sí recibirían atención en caso de urgencia o de embarazo, parto y posparto, y los menores en situación irregular serán atendidos como españoles. También los visitantes de países europeos se ven afectados por la nueva legislación.

Para terminar con el llamado «turismo sanitario» y ahorrar unos 1.000 millones de euros más, según estimaciones oficiales, se requerirá a los ciudadanos europeos que trabajen o estudien en España, o en su defecto que cuenten con un seguro de enfermedad, para recibir atención en el Sistema Nacional de Salud.

Era previsible que las medidas, que según los críticos suponen un cambio de modelo de salud pública que se remonta a 1977, provocaran ampollas en una sociedad acostumbrada a un sistema muy subvencionado, que en general satisface por la calidad médica aunque las esperas para la atención suelen ser de varios meses según la especialidad. El sector sanitario acumula una deuda de unos 15.000 millones de euros con los proveedores.

El gasto anual en el sistema público de salud es de 3.067 dólares por persona, por debajo de la media de 3.361 dólares en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) según los últimos datos disponibles, de 2009.

Los presupuestos, los más austeros del país en democracia, son «una respuesta a la crisis excepcional que está atravesando España», se defendió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ante el Congreso.

El ministro añadió que «hay que reducir sin dudar, no hay atajos, porque el déficit nos aplasta como una losa».

Achacó al Gobierno anterior del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) no haber completado la reforma del sistema financiero, no haber cumplido con las pautas de déficit fiscal y haber adelantado las elecciones para no elaborar los presupuestos.

«Fue un engaño muy grave porque ha perjudicado la imagen de España frente a sus acreedores», declaró Montoro en relación con el 8,5% de déficit con el que se cerró 2011 frente al 6% previsto por el Gobierno anterior.

Dureza

El nuevo líder socialista y candidato derrotado por Rajoy en los comicios del 20 de noviembre, Alfredo Pérez Rubalcaba, ensayó una respuesta muy dura en el debate parlamentario. Dijo que los números del Gobierno conservador han sido elaborados de manera «torpe», que «no cuadran», que «no se los cree nadie» y que «han generado más desconfianza» de los mercados.

«Nadie engañó a nadie sobre la cifra real del déficit», rebatió, para ir a fondo con una crítica especial a los recortes en salud, a los que calificó de «xenófobos, crueles y ineficaces». «Están dando pábulo a una siniestra idea de que los inmigrantes se aprovechan de la sanidad pública y es falsa y xenófoba», remató.

También sobre los ajustes sanitarios, Rubalcaba dejó constancia de su rechazo a la decisión de que los jubilados paguen por los remedios.

Agencias Reuters, ANSA, EFE y AFP,

y Ámbito Financiero