Allanan Procuración en busca de una PC

Fiscal ordenó secuestro de computadoras vinculadas a funcionario de Gils Carbó que participó en la licitación por el edificio.

Allanada. La sede principal de la Procuración General que fue comprada por Gils Carbó en una licitación pública a una firma del grupo Bemberg.

Una "orden de presentación con facultad de allanamiento", simultánea, en cuatro sedes de la Procuración General de la Nación hizo ayer subir la temperatura de la causa penal que tiene en la mira a la jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó. El expediente es por una supuesta comisión cobrada en la operación de la compra de la sede del organismo en Perón al 600 y es la llave que el oficialismo quiere activar para forzar la renuncia de la funcionaria a quien liga con el kirchnerismo. La medida judicial cumplida ayer tuvo más relación con Guillermo Bellingi quien fungió como subdirector general de la Procuración y habría tenido información privilegiada de la operación inmobiliaria antes de que se concrete.

La Policía Federal buscó documentación y especialmente la computadora del funcionario a quien Gils Carbó inició un sumario interno y separó preventivamente, luego de que su nombre trascendiera como vinculado al productor de seguros de La Plata, Juan Carlos Thill, quien junto a la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados cobró una comisión de la parte vendedora por $ 7,7 millones. La ruta de ese dinero abonado tras la venta por parte de Arfinsa -la empresa del Grupo Bemberg que vendió el inmueble- será ahora investigada por la Unidad de Información Financiera. La denuncia que apuntaba a Gils Carbó originalmente apuntaba al posible pago que benefició al exmarido de la Procuradora. Aunque luego de que comenzara a instruirla el fiscal Eduardo Taiano, el objetivo virara hacia un funcionario de la Procuración que tendría relación de parentesco con el productor de seguros, y que habría sellado un acuerdo de sociedad para percibir la comisión de la parte vendedora, antes de que se activara públicamente la licitación por la compra del edificio de Perón 667 que costó $43.850.000. Sin embargo, la Procuración aclaró que no fueron pagadas comisiones de fondos públicos. Arfinsa sí pagó una comisión por haber vendido el inmueble a la inmobiliaria, la que a su vez habría derivado unos $ 3 millones a Thill. El objetivo que tuvo el operativo fue hallar la computadora que utilizaba el ahora sumariado Bellingi, cuyo escritorio estaba en la sede de Avenida de Mayo de la Procuración, donde funciona parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Las órdenes de presentación fueron autorizadas por el juez Julián Ercolini, quien delegó la causa en Taiano, tras la recepción de un "anónimo" que denunciaba irregularidades en la compra de esa sede donde Gils Carbó mudó sus oficinas. Los enviados de la Justicia también compulsaron los servidores de la Procuración ubicados en otra sede del Ministerio Público Fiscal con el fin de obtener los back up de los correos electrónicos que pudiera haber intercambiado el funcionario sospechado de haber tenido injerencia en la licitación con información calificada. De las otras dos sedes del organismo que también formaron parte de los objetivos del operativo, incluyendo la de Perón 667, no se llevaron elementos de prueba, según dejaron trascender fuentes judiciales.

A pedido de Taiano, también hubo procedimientos en la casa de Thill en La Plata y en la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, en busca también de documentación sobre la operación investigada.