Argentina prepara foro para mejorar índice compliance

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Cartera de Justicia recibe hoy a nueva asociación iberoamericana que va a apuntalar cambios en la normativa para compañías. Prevén un Congreso para 2018.

Argentina será sede de una reunión que dará las puntadas finales para fijar un marco regulatorio de transparencia para las empresas en sintonía con la recientemente sancionada Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. A partir de hoy, el secretario de Justicia, Santiago Otamendi recibirá a los miembros de la flamante Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, que unifica normativas que comienzan a estar vigentes en la región para penalizar comportamientos indebidos de las compañías, en base al cimbronazo provocado por los escándalos de Odebrecht y Lava Jato que salpicaron a la clase política y empresarial de una decena de países. Inicialmente desde el lado académico, la iniciativa puede transformarse en un parámetro desde el que los equipos de Compliance de las empresas partan para "bajar línea" sobre las prácticas empresarias puertas adentro.

Además, la Asociación aspira a trascender en problemáticas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en sintonía con los preceptos que postula el Grupo de Acción Financiera (GAFI), cuya presidencia está este año en manos argentinas. El encuentro de hoy será preparatorio para un congreso en la materia cuya aspiración es a realizarse en marzo de 2018. Uno de los principales impulsores desde el Poder Judicial es el juez penal económico Gustavo Meirovich, vocal de la flamante Asociación Iberoamericana, cuya presidencia está en manos de Abel Souto, reconocido jurista español. Argentina tiene el sillón de la vicepresidencia a través del abogado Rafael Berruezo profesor de la universidad Católica de Cuyo- mientras que la secretaría general quedó para Bolivia, con Yeri Rojas. El doctor en Derecho de la Universidad Austral, Juan María Rodríguez Estévez ocupa otra de las vocalías y ha venido haciendo foco en la necesidad de que el sistema jurídico penalice al sector privado que ha cometido delitos vinculados con la corrupción de funcionarios. José Fernández Zacur de Paraguay, Fabio Joffre Calasich (Bolivia) y André Sota (Perú) completan la nómina definida en Bolivia para dar nacimiento a la entidad. Esa resolución inicial fue sesionar en Argentina para generar "acciones de cooperación institucional y académica, y definir estrategias públicas y privadas en materia de transparencia, ética y gobernanza de las empresas". La sanción de la ley que penaliza a las personas jurídicas obligará a nivel local a un cambio de paradigma interno en el marco de los programas de compliance, y de los equipos legales de las empresas, hasta ahora solo ocupados en cuestiones más vinculadas a cambios regulatorios a niveles fiscales y comerciales.

En su fundación, la Asociación Iberoamericana partió de un decálogo de reglas que aspira a implementar con su nuevo rol y que involucra tanto a agentes públicos -como el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y la Unidad de Información Financiera- como al interior de los equipos de compliance a nivel empresarial. Ese temario abarcará no solo a los delitos considerados precedentes para el lavado de activos sino también al fraude fiscal como parte de las cuestiones a ser incluidas dentro de las investigaciones complejas y cuyo desarrollo a nivel local es todavía embrionario.

Gabriel Morini

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