Audiencia pública: dudas y certezas

A horas de la audiencia pública convocada por el Gobierno para discutir los nuevos valores del precio del gas en boca de pozo existen muchas dudas y pocas certezas. La escasa información disponible, se limita a una presentación del Ministerio de Energía y Minería sólo "insinúa" el nuevo precio del gas en el punto de ingreso al sistema que proponen trasladar a las tarifas.

Más allá de esa exigua presentación, no existen datos oficiales concretos sobre precios y tarifas, los proyectos de resoluciones con los respectivos cuadros tarifarios propuestos ni sus fundamentos, por lo que desconocemos los criterios tenidos en cuenta para su determinación, las fuentes, cálculos y análisis realizados. Lo que sí está claro es que los aumentos no tienen hasta ahora ningún fundamento técnico.

El Gobierno plantea una política de reducción gradual de subsidios del actual 81% al 0% en el 2019. Esa propuesta oculta una mentira grosera: el volumen de subsidios está inflado de manera arbitraria por un exorbitante aumento del precio del gas de 1,29 a 6,8 dólares por millón de BTU, es decir se toma un valor teórico que no es real.

El gasto que asume hoy el Estado en materia de gas (excluyendo el precio para la generación eléctrica que se duplicó para mejorar los ingresos de las productoras y se paga con subsidios eléctricos) es el resultado de la diferencia entre el costo de importarlo de Bolivia (u$s3,5), del GNL (u$s5) y el precio que abona el usuario. A eso deben sumarse los incentivos del Plan Gas (remuneración adicional por gas excedente). Ese total no representa ni de cerca el 81% del costo del sistema que sugiere el Gobierno

Respecto a las tarifas de transporte y distribución la falta de información es aún mayor, no se han difundido los cuadros tarifarios propuestos para la audiencia, aunque se desprende de la mencionada presentación que se otorgarán ingresos adicionales a las empresas por 10.000 millones de pesos anuales en el primer aumento tarifario de octubre 2016.

Otro dato preocupante es que se confirma el 500% de aumento para comercios, lo que deja en evidencia que no existe voluntad alguna del de escuchar el reclamo de. Resulta contradictorio que se comprenda, fallo de la Corte mediante, que el aumento de 400% para usuarios residenciales era desproporcionado y debe hacerse en forma gradual, y se mantengan esos fuertes incrementos al resto.

Es indudable que el verdadero objetivo de la política de precios del gas, expresado por el ministro Aranguren durante su visita al Congreso al plantear que se puede hablar de precio del gas pero no de costo, es la paridad de importación, convergencia que se alcanzaría en 2019 con el valor de u$s6,8 por millón de BTU. Para ello se pretende hacer dos aumentos fijos por año en abril y octubre, que pagará toda la demanda prioritaria, con la particularidad de que todos los residenciales abonarán lo mismo por el metro cúbico, eliminándose la regionalización y la segmentación por rangos de consumos.

En consecuencia, a pesar que Argentina es uno de los mayores países productores de gas y contar con una de los principales recursos no convencionales a nivel mundial, los usuarios argentinos pagarán como si fuera todo importado, quedando a merced de las fluctuaciones del mercado internacional.

El objetivo detrás de este aumento injustificado del precio del gas no está la reducción de subsidios, sino en garantizarle a los productores una renta extraordinaria que le pretenden cargar a los usuarios finales. No se puede equiparar el precio del gas nacional al precio de un gas que se extrae en otro continente, se licuefacciona, se carga en un buque metanero, se transporta a través del océano, se regasifica y se inyecta en el sistema, carece de toda lógica.

Lo que se debe remunerar al productor local como "precio del gas" es la extracción del producto porque es propiedad de los argentinos y no de las concesionarias. Por lo tanto, a la hora de fijar el precio de gas e que paga el usuario, debería considerarse una rentabilidad razonable sobre el costo de extracción (2 dólares para convencional y 5 para no convencional). Por más que lo fije el mercado, no existe motivo para alejarse de este principio elemental.

De la misma manera, el gas viejo (producción base) representa el 57,6% de la oferta total. Si estas inversiones se planificaron con los precios del pasado, y en muchos casos ya están amortizadas ¿por qué los usuarios tienen que pagar por él un precio irracional de paridad de importación?

En el caso del gas nuevo, el Estado destinaba subsidios a los productores (U$S 7,5 por millón de BTU) que según reconoce la actual gestión "ha propiciado un incremento de las inversiones en producción de gas natural". Celebramos que se reconozca que los subsidios tenían un destino apropiado, aunque planteamos un interrogante: ¿por qué no replicar ese esquema garantizando un precio creciente y gradual para el gas nuevo que respalde el compromiso inversor y vaya reduciendo los incentivos o subsidios otorgados por Estado?

La propuesta de largo plazo es la eliminación de las subzonas tarifarias, de los renglones de consumo y que el valor del gas sea U$S 6,8 por millón de BTU. Esto viola los principios del subsidio patagónico, y discrimina a las regiones "frías" de nuestro extenso territorio como la Puna, la Patagonia y el sur y centro sur bonaerense.

La pregunta que surge es si un incremento inicial del precio del gas del orden del 317 % (o del 811 % en las zonas más frías del país) reviste algún grado de racionalidad, proporcionalidad y gradualidad que ha determinado la Corte Suprema

En síntesis, resulta preocupante que se aumente en forma considerable el precio del gas en boca de pozo sin ningún fundamento técnico más que dolarizar los precios internos, concretándose una salvaje transferencia de ingreso de los hogares, las regiones y los sectores productivos a un puñado de empresas, a las que no se exige ni impone ningún compromiso de inversión.