14 de agosto 2014 - 00:00

Boudou contra juez en causa por auto

Claudio Bonadío
Claudio Bonadío
Amado Boudou apeló ayer su procesamiento en la causa que investiga si transfirió irregularmente un automóvil a su nombre mediante documentación presuntamente falsa.

Alegó que el juez Claudio Bonadío ya había decidido su procesamiento con antelación a la indagatoria y cuestionó el paralelismo que el magistrado trazó con la causa Ciccone.

Ahora la presentación se enviará a la Cámara Federal para revisión por parte de los jueces Horacio Catani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Según el procesamiento de Bonadío en los papeles presentados por Boudou ante el registro automotor hay firmas apócrifas y se declara un supuesto domicilio del vicepresidente que en realidad no existe, acreditado con la fotocopia de una página falsa, inventada, de su documento de identidad.

Lapidario, Bonadío sostuvo que el vicepresidente ni siquiera puede demostrar que haya comprado el auto: no presentó un solo papel que así lo acredite, afirmó el magistrado.

Los abogados del vicepresidente sostuvieron en todo momento que la irregularidad existió por parte de los gestores.

En tanto ayer Boudou se vio favorecido por una determinación de la Cámara en la causa por supuestas dádivas abiertas a partir de un viaje que el vicepresidente había realizado en helicóptero.

El caso es instruido por el juez José Luis Rodríguez y el fiscal Carlos Rívolo. En la denuncia se hablaba de un viaje de Boudou desde Puerto Madero hasta Necochea, pero cuando el piloto declaró dijo que en realidad había sido un trayecto de cinco minutos desde el aeródromo de Necochea hasta la plaza principal de dicha localidad. Cuando lo consultaron contó que lo hizo como "una gauchada".

Rívolo
cuestionó la declaración y dijo que el piloto se autoincriminaba, pero ayer la Cámara entendió que no era así y le requirió al juez que defina la situación procesal del piloto que también es el dueño de la firma propietaria del helicóptero.

Es un dato favorable para los abogados de Boudou porque elimina de sospechas a un actor necesario para configurar el delito de dádivas que siempre precisa de dos partes.

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