El plan de ajuste aprobado a mediados de febrero, y exigido a Grecia por el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (CE), debería ser puesto en práctica por el nuevo Gobierno de ese país, que sigue sin conformarse.
Los empleados públicos y privados deberán destinar entre el 1% y el 5% de sus ingresos, hasta recaudar 1.380 millones de euros, en lo que se denominó «tasa de solidaridad».
El IVA sufrirá incrementos del 10% al 100%, de acuerdo con el rubro.
Los salarios de los empleados públicos serán reducidos entre un 15% y un 30%.
Serán eliminados 150.000 empleos públicos temporales (un 25% del total).
Cerca de 2.000 escuelas cerrarán sus puertas.
Habrá recortes en la salud y en el gasto social, aún no determinados.
La seguridad social será disminuida en algo más de 5.000 millones de euros hasta 2015.
La edad de jubilación subirá a los 65 años y se necesitará haber aportado al menos 40 para cobrar el 100% de la pensión.
Se privatizarán la lotería estatal, el Hellenic Postbank (Correo) en los puertos de Piraeus y Thessalonika, y un 10% de la operadora de telefonía Hellenic Telecom.
En años siguientes se venderá la gestión de aguas de Atenas, la refinería estatal, aeropuertos y concesionarias de autopistas. El Gobierno espera recaudar en este concepto 50.000 millones de euros.
El próximo mes, el Gobierno griego deberá implementar nuevos recortes por más de 11 millones de euros. Una vez puestos en marcha, los acreedores decidirán si aprueban o no una nueva la inyección de dinero para destrabar la financiación.
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