22 de abril 2014 - 00:11

Cuando distribuir no es suficiente: desvela a Maduro la inseguridad

MÁS ALLÁ DE LA INFLACIÓN Y LA PELEA POLÍTICA, EL AUGE DELICTIVO INQUIETA A ANTICHAVISTAS Y CHAVISTAS POR IGUAL

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. La distribución de la renta petrolera y la mejora de indicadores sociales en sus quince años de Gobierno no le alcanzan al chavismo para paliar el auge delictivo.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. La distribución de la renta petrolera y la mejora de indicadores sociales en sus quince años de Gobierno no le alcanzan al chavismo para paliar el auge delictivo.
Más allá de las desventuras económicas y de una polarización política que no deja de agudizarse, existe en Venezuela un sustrato de insatisfacción social vinculado con la inseguridad, un problema crónico que no dejó de agravarse en los últimos años a pesar de los intentos del chavismo de revertirlo en base a la distribución de la renta petrolera y la mejora de los indicadores sociales.

La criminalidad, que desde fines de la década de 1980 es una de las principales preocupaciones de los venezolanos, fue heredada por el presidente Nicolás Maduro quien, en un año de gestión, lanzó ya dos planes distintos para combatirla, Patria Segura (en mayo de 2013) y Plan de Pacificación y Convivencia (en febrero último), éste último iniciado luego de la ola de protestas por el asesinato de la exreina de belleza Mónica Spear, y para el cual invitó a la oposición a un trabajo en conjunto. Una invitación que fue aceptada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dos meses después, en medio del diálogo por la paz de la semana pasada.

"Recién en los últimos dos años se viene intentando, por primera vez, allanar el camino de una política 'integrada' de prevención y seguridad, pero aún se está en una fase inicial. Esa política debe estar basada en evidencias y priorizar las causas con fundamento en el conocimiento y, además, hace falta otro contexto clave: el Estado de derecho", afirmó a Ámbito Financiero la directora de posgrado de la facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Elsie Rosales.

Hugo Chávez nombró a 12 ministros de Seguridad y lanzó 21 programas distintos -entre ellos una iniciativa para el desarme de la población- para combatir una problemática que, al inicio de su Gobierno, arrojaba una tasa de 19 homicidios cada 100.000 habitantes, un dato que bajo los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) representa una escala epidémica.

Pero, pese al énfasis en la asistencia social, el año pasado la tasa de homicidios trepó a 39 cada 100.000 habitantes de acuerdo con el Gobierno y a 79 cada 100.000 según la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). La primera cifra supera a la de países con complejos conflictos armados como Colombia y México; la segunda es similar a la de naciones sumidas en una guerra civil. Cada 30 minutos un venezolano es asesinado y cada 8 horas uno es secuestrado. El país ocupa el quinto puesto mundial en riesgo de secuestro.

Todo ello a pesar de la mejora de otros índices: Venezuela es el país de América Latina que más redujo la pobreza, alcanzó una tasa de escolaridad primaria neta del 93% y avanzó considerablemente en desarrollo humano, según datos de las Naciones Unidas.

"Hubo una mejora indiscutible en reducir lo que tradicionalmente se denominó violencia estructural. Pero no es suficiente si otras dinámicas conspiran contra los logros sociales y es allí donde el Estado de derecho juega un importante rol. Por ejemplo en relación con el sistema penal, que en vez de lograr una intervención pacificadora en los conflictos tiene un comportamiento que en muchas de sus expresiones recrea al delito, le hace el juego o lo aumenta", agregó Rosales.

Para el criminólogo Luis Izquiel, los gobiernos de Chávez, primero, y ahora de Maduro, desmantelaron las instituciones que debían velar por el Estado de derecho, como la Policía Judicial -reemplazada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)- y el Ministerio Público, "donde se designan a dedo a los jueces penales que son los que deben atender los delitos". "No se puede olvidar además que la impunidad es inmensa. El 92% de los casos queda impune", señaló a este diario.

En su opinión, la tesis de que el avance social permitiría una reducción de los crímenes no logró volverse una realidad debido a la fragilidad del sistema penal y policial de Venezuela. "El sistema carcelario venezolano es el más violento del continente: 550 reos mueren por año. Es un sistema que no rehabilita a nadie", afirmó Izquiel.

Entre las aristas de la compleja crisis se encuentra además la circulación sideral de armas ilegales, un mercado de 15 millones de unidades en una población de 29 millones de habitantes.

A ello se suma la conformación de los cuerpos de seguridad. En 2009, se implementó una reforma que, para sus defensores fue un avance republicano, pero que para sus detractores fue el inicio del déficit policial y la subordinación de la fuerza a los mandos militares.

"La creación de la Policía Nacional se inició con la eliminación de otra, la Metropolitana, que tenía 8.000 agentes, por lo que comenzó con un déficit. De acuerdo con estándares internacionales, un Estado debe tener 4 policías cada 1.000 habitantes; en Venezuela debería haber 120 mil pero hay 90 mil", detalló Izquiel.

Rosales, por su parte, consideró también que "para reducir la violencia delictiva se deberá fortalecer el proceso de construcción de una política de prevención y seguridad -sujeta a validación constante-, desandar los extravíos del sistema penal, y fortalecer especialmente al Estado de derecho", sugirió la profesora de la UCV. "Es contrario a ello situaciones como la corrupción que es un delito que conlleva elevados niveles de impunidad. Por lo que atender aspectos como éste, no es sólo una cuestión del sistema penal sino de política integradora y comprometida con la razón de todo Estado constitucional que no es otra que la garantía de los derechos en el sentido más amplio", afirmó.

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