Dos proyectos de Ley, un mismo objetivo de ajuste y endeudamiento

La semana pasada se debatieron y aprobaron en la Cámara de Diputados de la Nación dos proyectos de Ley de enorme trascendencia económica, institucional y política, tanto por su impacto en el corto plazo como porel preocupante escenario que se abre. Se trata del Presupuesto Nacional para el año 2017, el primero elaborado por el gobierno de Macri, y el régimen de inversiones público privadas, cuyos cambios deberán ser ahora convalidados por el Senado.

El proyecto de presupuesto con media sanción garantiza que en el 2017 el Estado Nacional, las provincias y municipios tendrán 18% menos de fondos reales que en el 2015. A la vez, se profundiza el esquema de endeudamiento que se inició con la Ley de pago a los fondos buitre y a la fecha no produjo el ingreso ni de un centavo de la lluvia de inversión extranjera que se prometió. En cambio, la deuda acumulada este año ya alcanza al 8% del PBI.

En materia de obras públicas, se prevén 55.000 millones de pesos lo que equivale nominalmente a la mitad de lo invertido durante el último año de Cristina Fernández de Kirchner, lo que en términos reales (devaluación del 50% y una inflación superior al 40%) es aún menor.

Lo más preocupante es que las áreas relacionadas a obras públicas, que a esta altura deberían tener una ejecución del 83,3% muestran una notable subejecución (vialidad 70%, vivienda 54%, energía 55%, nuclear 64%, telecomunicaciones 45%). No ejecutar las partidas es un delito porque implica incumplir una Ley.

En síntesis, este presupuesto consolida la quita generalizada de recursos a todas las áreas del Estado Nacional, a las Provincias, a los Municipios y profundizará el modelo de desindustrialización, endeudamiento, recesión, apertura de importaciones, desocupación y pobreza iniciado por el presidente Macri.

Inversiones público-privadas

Por su parte, la instrumentación de mecanismos que promuevan la asociación público-privada para llevar adelante proyectos de infraestructura es la otra cara de la moneda del ajuste. No por la creación de este tipo de regímenes, que desde ya pueden constituir un aporte positivo, sino por las concesiones que conlleva y las consecuencias ruinosas que puede tener para el Estado Nacional.

Durante los 12 años de nuestro gobierno se concretaron inversiones público privadas por un total que a valor actual superan los 200 mil millones de pesos, siempre desarrollando la industria y el campo tecnológico nacional, los trabajadores y las empresas constructoras argentinas.

Como ejemplo de obras realizadas en el marco de regímenes de colaboración entre el Estado y capitales privados pueden mencionare las usinas térmicas Belgrano en Campana y San Martín en Rosario (1.600 MW), Vuelta de Obligado en Santa Fe (540 MW), Barragán en Ensenada y Brigadier López en la localidad de Sauce Viejo en Santa Fe que totalizan 800 megavatios y Guillermo Brown en Bahía Blanca (570 MW), en las que participaron Endesa, Pampa, Sadesa y AES, entre otras.

Asimismo, se construyeron las represas Caracoles y Punta Negra en San Juan, ambas con la empresa Techint y se realizó la ampliación de la Avenida General Paz con Autopistas del Sol, por enumerar algunos antecedentes.

A pesar de que al finalizar nuestro gobierno dejamos varios proyectos públicos-privados en ejecución y a iniciarse, la mayoría han sido paralizado por la actual gestión con una fuerte incertidumbre acerca de su futuro. Tal es el caso de las represas Kirchner-Cepernic, Chihuido, la cuarta y quinta central nuclear y los cierres de ciclo combinado de Ensenada, Vuelta de Obligado y Almirante Brown.

El nuevo régimen no tiene la sana intención de mejorar, perfeccionar o corregir el sistema actual para desarrollar esa infraestructura que aún falta y reanimar a toda la industria de la construcción la cual registra en este año la mayor caída en su historia sino que implica un cambio radical de las condiciones actuales que tendrá serias consecuencias.

Esto es así porque propiciará la salida del Estado en la planificación de la infraestructura y lo obligará, como principal responsable legal, de hacer frente a la demandas financieras y ambientales que puedan ocasionarse por las obras.

De la misma manera, implicará la dolarización de los contratos de obra pública a precios y costos internacionales, impulsará un mayor endeudamiento del país (en 11 meses ya creció un 8% del PBI) y beneficiará a las empresas constructoras extranjeras en desmedro de las argentinas.

Esas compañías extranjeras nominarán proveedores de insumos y materiales de sus países de origen, afectando a proveedores argentinos por lo que se destruirán puestos de trabajo generando más recesión, pobreza e indigencia. En resumen es un proyecto para importar endeudamiento, trabajo e industria extranjera.

De convertirse en Ley ambos proyectos consolidarán el ajuste y endeudamiento indiscriminado que está imponiendo el Gobierno, dos pilares de su modelo que muy rápidamente se tornan insustentables y ya sabemos cómo termina y quiénes pagan sus costos