Dudas por espía de Economía

Cuando el juez federal Claudio Bonadío regrese esta semana a Tribunales, luego de una breve licencia, uno de los temas más apremiantes que deberá resolver es si acepta o no que el Ministerio de Economía sea querellante o no en la causa en la que se investiga el sospechoso ingreso del asesor Roberto Larosa al edificio de esa cartera.

La presentación del ministerio a cargo de Amado Boudou parecería tener una importancia menor en la pesquisa, pero esta decisión definirá en parte el destino procesal de Larosa, arrestado hace dos meses en la oficina del subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo.

Si el juez decide que Economía puede ser querellante, esto significaría que hubo un delito por el cual la cartera se vio afectado. Así, la situación del asesor económico del diputado del Proyecto Sur, Claudio Lozano, y del senador del ARI por Tierra del Sur, José Martínez, quedaría bastante complicada.

Hasta el momento, lo que sí se determinó es que Larosa ingresó al ministerio con autorización de uno de los empleados de planta de la cartera, el economista Leonardo Marcus, pero que nunca llegó a verlo. Otro de los aspectos que complican al supuesto intruso es que no sólo tenía un manojo de llaves de oficinas del edificio, sino que la Policía lo encontró con documentos. Lo que no se sabe aún es si estos papeles eran de carácter confidencial o no, si pertenecían a la oficina de Rigo o a otra.

Por otro lado, también se analiza en qué medida la documentación del ministerio es pública o no. Un decreto presidencial de Néstor Kirchner ordenó que ningún papel de las oficinas públicas es privado, por lo que Larosa podría no ser procesado por sustracción de documentos públicos. Esta disposición también tiene sus grises y letra chica, como por ejemplo, si los papeles están firmados -lo que los convertiría en oficiales- o no. Si se concluye que Larosa es culpable de los delitos de allanamiento de morada, intento de robo y/o sustracción de documentos -entre los delitos que se analizan imputarle-, la pesquisa también podría profundizarse en dirección de quienes contrataron sus servicios: consultoras de la City porteña, bancos y empresas estatales. Éstos son algunos de los dilemas que deberá definir el juez en las próximas semanas.