De las personas condenadas en primera instancia a la pena capital, sólo 153 se encuentran detenidas y las otras están prófugas, precisaron las fuentes. En tanto, 17 de los inculpados fueron absueltos.
Desde la caída de Mursi del 3 de julio último, 1.400 de sus militantes de la Hermandad Musulmana murieron por la represión y otros miles fueron encarcelados.
El veredicto, sin precedente en la historia del país, es "una catástrofe, una mascarada y un escándalo que tendrá consecuencias para Egipto durante años", protestó Gamal Eid, un experto jurídico que dirige la Red Árabe para la Información sobre los Derechos Humanos.
Por su parte, Estados Unidos, que rápidamente reconoció a las autoridades surgidas del golpe y les brindó respaldo político, afirmó estar "impactado" por la noticia.
"Estamos profundamente preocupados y, diría, en realidad, bastante impactados", denunció la portavoz del Departamento de Estado Marie Harf. "Simplemente no parece posible que una revisión justa de la evidencia y los testimonios, conforme con los estándares internacionales, pueda realizarse para 529 acusados tras dos días de juicio", añadió.
Esta condena "es una suerte de desafío a la lógica", estimó Harf. "Seguimos llamando al Gobierno egipcio a garantizarles a todos los detenidos en Egipto juicios justos que respeten las libertades. Hemos dicho muchas veces que lo que parecen ser arrestos, detenciones y condenas motivadas políticamente harán retroceder la transición democrática en Egipto", agregó.
"Es el mayor número de condenas a muerte simultáneas que hemos visto en los últimos años, no sólo en Egipto sino en cualquier país del mundo", recalcó, por su parte, Amnistía Internacional.
Sin embargo, según los expertos, la ley egipcia prevé un nuevo juicio para todos los acusados prófugos que se entregan a la justicia, y una apelación ante la Corte de Casación podría permitir a los condenados detenidos actualmente obtener también un nuevo juicio o que su pena sea conmutada.
En total, más de 1.200 personas están procesadas por esos actos de violencia que tuvieron lugar a mediados de agosto en la gobernación de Al Minya, a 250 kilómetros al sur de El Cairo.
Se trata del juicio más importante desde el comienzo de la represión contra los partidarios de Mursi lanzada tras el derrocamiento del único jefe de Estado electo democráticamente en la historia del país.
Otras 700 personas deben comparecer hoy, incluyendo a varios dirigentes de la Hermandad Musulmana de Mursi. También en este caso, muchos de los acusados están prófugos.
Al igual que los condenados de ayer, estas 700 personas deberán responder por los actos de violencia ocurridos en la provincia de Al Minya el 14 de agosto, cuando soldados y policías dispersaban en un baño de sangre mitines islamistas en todo el país.
Casi todos los dirigentes de la cofradía, grupo madre del islamismo político en casi todo el mundo árabe, son juzgados actualmente y corren peligro de ser condenados a muerte, incluyendo a Mursi. El Guía Supremo de la influyente Hermandad, que ganó todas las elecciones desde la revuelta de 2011, Mohamed Badie, figura entre los acusados del proceso de Al Minya.
Todos ellos deben responder de actos de violencia que causaron la muerte de dos policías y de ataques contra bienes públicos y privados el 14 de agosto en esa gobernación .
La Hermandad Musulmana convoca regularmente a manifestaciones para reclamar el regreso al poder de Mursi. Sus mitines a menudo terminan en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y opositores al presidente derrocado.
A fines de diciembre, las nuevas autoridades declararon "terrorista" a este movimiento islamista surgido hace 85 años. Desde entonces, poseer su propaganda o participar en sus manifestaciones puede ser castigado con penas de prisión.
| Agencias AFP, Reuters, DPA |
y EFE, y Ámbito Financiero
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