El FMI y la Argentina siguen debatiendo sobre los efectos y el costo de la sequía

La Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen debatiendo un tema clave; del que se desprende gran parte de las trabas que aún alejan al país de un acuerdo con el organismo. El costo de la sequía y su impacto en las cuentas públicas, diferencia los cálculos de las consecuencias sobre las variables macroeconómicas; y, derivado de esto, sobre la corrección de las tres metas pactadas que el acuerdo de Facilidades Extendidas debería contemplar para cumplir con lo prometido y firmado en marzo del año pasado. Para el equipo económico no hay dudas: el impacto directo sobre los ingresos del país provocados por la falta de lluvias y el consecuente deterioro del panorama exportador alcanzó un piso de u$s20.000 millones; lo que derivó en que el país no pudiera cumplir con la promesa de una evolución positiva de las reservas del BCRA de unos u$s4.800 millones, un nivel de déficit inferior al 1,9% del PBI y una emisión de 0,6% del PBI. Para el organismo que maneja Kristalina Georgieva el fenómeno climático existió y fue grave. Pero sus consecuencias reales, al menos hasta junio 2023, no serían superiores a los u$s10.000 millones; lo que además afectaría las metas de reservar (algo que siempre el FMI estuvo dispuesto a discutir), pero no a las metas fiscal y monetarias. Según la visión del Fondo, La Argentina tiene herramientas para aplicar más allá de la sequía, para cumplir en tiempo y forma las metas de déficit y de emisión monetaria. Y que, en todo caso, todo sería una cuestión de corrimiento en la medición trimestral de las metas, para aceptar que el país pueda mostrarlas de manera anualizada.

Obviamente se trata de una discusión clave, dado que para el FMI las pérdidas por la sequía son el único argumento válido para que la Argentina pueda incumplir las metas de reservas y déficit fiscal pactados para este año en el acuerdo cerrado en marzo del año pasado; y que tiene un artículo donde se tienen en cuenta estas contingencias exógenas sobre las que no puede actuar el país.

Por ahora la negociación continúa vía Zoom con computadoras conectadas de Buenos Aires y Washington, y donde la novedad es que se sumó la semana pasada al debate el ministro de Economía, Sergio Massa, junto al equipo que hasta ahora integraban el viceministro Gabriel Rubinstein, el encargado de la relación con los organismos internacionales, Marco Lavagna, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, desde Hacienda. Como contó ayer este diario, desde Washington se incorporó al equipo negociador la número dos del FMI, la norteamericana Gita Gopinath

Ya se sabe que la sequía es el principal tema de debate por ser el motivo por el cual las partes acordaron la reapertura de las condiciones del Facilidades Extendidas vigente. Pero no es el único capítulo en discusión, en cuanto a los factores exógenos demoledores sobre la economía argentina. Sergio Massa ya le había entregado al FMI en reuniones privadas con Kristalina Georgieva, un informe elaborado por Rubinstein y sus colaboradores sobre el impacto final durante 2022 de la invasión de Rusia a Ucrania. Según Hacienda, la suba de los precios de la energía, fundamentalmente el gas, y de los precios de los alimentos, le provocó al país una pérdida por unos u$s4.940 millones medidos en salida de dólares para pagar el insumo energético y en inflación no programada. Georgieva ya se había comprometido con Massa a tomar estos factores externos como válidos a la hora de estimar el cumplimiento de las metas y objetivos comprometidos en el acuerdo firmado en marzo de 2022. Sin embargo, hasta aquí no hubo respuestas concretas al planteo. Según Economía, llegó ahora el momento de tomar también este factor en cuenta, dado que no fue considerado en el momento de evaluar la evolución de las reservas comprometidas durante el año pasado.