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El presidente islamista que no puede ni pestañear en las fotos
El presidente Mohamed Mursi, sentado ayer entre el mariscal de campo y hombre fuerte de Egipto, Husein Tantaui, y el general Sami Anan, en un acto de graduación militar en El Cairo.
Su intranquilidad podría tener que ver con los dos uniformados que se sientan a su izquierda y derecha. Los guardianes de Mohamed Mursi son el presidente del Consejo Militar Supremo, el mariscal de campo Mohmaed Husein Tantaui, y su «número dos», el general Sami Anan. Los dos oficiales buscan constantemente nuevos métodos para arruinarle la fiesta a Mursi, recién instalado en su nuevo cargo.
Pero los militares, que no quieren renunciar a sus privilegios, no son los únicos egipcios que no están de acuerdo con la manera en la que la Hermandad Musulmana llegó al poder. Políticos liberales afirman que el movimiento islamista del que procede Mursi tiene tan poco respeto por el Estado de derecho como lo tienen los militares.
¿De dónde viene tanta frustración? En junio, cuando se veía ya claro que Mursi había ganado la segunda ronda electoral, el Tribunal Supremo criticó la ley electoral. Los jueces, que proceden todavía de tiempos de Hosni Mubarak, consideraron que el Parlamento, en el que los islamistas tienen la mayoría, es ilegítimo, ya que numerosos candidatos de partidos obtuvieron mandatos directos reservados a candidatos independientes.
Dicha decisión dio al Consejo Militar, que asumió el poder tras la caída de Mubarak el año pasado, la posibilidad de disolver el Parlamento. Tantaui cumplió su promesa de entregar el 30 de junio el poder a un presidente civil elegido por el pueblo. Sin embargo, se hizo él mismo con los poderes del Parlamento.
Tantaui tiene tal vez la esperanza no del todo injustificada de que, de celebrarse de nuevo las elecciones, los islamistas obtendrían resultados peores que los de los pasados comicios presidenciales.
Muchos electores están decepcionados por la actuación de la HM en el Parlamento en los últimos meses. Además, parte de los votantes cree que sería mejor un reparto de poder entre el presidente y el Parlamento en lugar de que los islamistas lo controlen todo.
Pero los partidarios del derecho islámico no se dan tan fácilmente por vencidos. Al jurar el cargo frente a la Constitución, Mursi abandonó oficialmente la cofradía para ser «presidente de todos los egipcios», pero eso no le impidió usar sus nuevos poderes para anular por decreto las decisiones del tribunal y del mariscal de campo.
Las cotizaciones bursátiles de las empresas egipcias, que tras el juramento de Mursi habían aumentado ligeramente, volvieron a derrumbarse ante esta nueva lucha de poder.
Varios candidatos presidenciales que habían quedado eliminados en la primera ronda electoral criticaron a Mursi. En entrevistas con medios egipcios declararon que Mursi cuestiona con su acción el principio de la separación de poderes.
También se muestra indignado el político liberal y abogado Eiman Nur, quien en 2005 realizó el intento valiente pero inútil de desafiar a Mubarak en unas elecciones: «Incluso aunque haya reparos contra una decisión de la Justicia, hay que respetarla, pues de lo contrario uno se pone contra el Estado de derecho».
La HM sabe que Mursi debe presentar rápidamente éxitos para que la agrupación pueda obtener unos buenos resultados en las próximas elecciones parlamentarias, que podrían tener lugar antes de que acabe el año. Por ello, el pasado sábado acordaron apoyar su programa para los primeros 100 días en el cargo.
Las personas deben sentirse de nuevo seguras en las calles y deben tener a su disposición más pan subvencionado, son algunas de las promesas.
También se quiere recoger los montones de basura de las calles y que desaparezca el caos en el tránsito. Todo eso cuesta dinero. Por ello, los Hermanos Musulmanes se muestran dispuestos a realizar donaciones.
Mursi hará hoy su visita de presentación en Arabia Saudita. El rey Abdulá, cuya familia administra las arcas estatales sobre la base de su propio criterio, hizo hasta ahora buenas experiencias a la hora de tranquilizar a la población con beneficios financieros y prestaciones públicas.
Agencia DPA

