El reto de bajar de las promesas a la dura realidad

Pese a sus esfuerzos por presentar una imagen renovada, Enrique Peña Nieto recurrió en la campaña al habitual rostro paternalista del PRI. Prometió mejorar las condiciones de vida de la población pero, a la vez, habló de la necesidad de encarar reformas socialmente dolorosas.

Ciudad de México - Enrique Peña Nieto prometió que, de llegar a ser presidente de México, elevaría los ingresos de los trabajadores y bajaría los precios de los alimentos, pero cuando asuma el poder en diciembre deberá enfrentar algunas trabas legales que podrían complicar el cumplimiento de sus promesas.

Durante sus actos de campaña, entrevistas y propaganda, el exgobernador del central y populoso estado de México lanzó esas propuestas junto con ofrecimientos de apoyo al empleo y mejoras a los programas de seguridad social. Pero el político, de 45 años, al igual que los otros candidatos que compitieron con él, no detalló las vías por las que se obtendrían más recursos para poner en marcha sus planes, que necesariamente tendrían que pasar por un aumento del presupuesto, acotado por ley a márgenes establecidos desde 2006.

«Las plataformas no ahondan en los temas que tienen que ver con el financiamiento», dijo Alejandro Villagómez, economista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que ha dado seguimiento a las principales propuestas de los candidatos. «Entonces el problema es si nos quedamos al nivel de la campaña pues hay muchas promesas, pero vamos a tener problemas una vez que se intenten implementar», agregó. Peña Nieto dijo que daría prioridad a una reforma fiscal en su Gobierno y aunque no dio detalles de cuáles serían los elementos de esa iniciativa, sus asesores han sugerido que incluiría ampliar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a alimentos y medicinas, una opción que ha sido polémica por años. De hecho, legisladores del PRI rechazaron propuestas tanto del Gobierno del expresidente Vicente Fox (2000-2006) como del actual mandatario, Felipe Calderón, ambos del conservador Partido Acción Nacional (PAN), para gravar en alguna medida con IVA a los alimentos y las medicinas.

El PRI regresará al poder en diciembre tras arrebatarle la presidencia al PAN con una imagen rejuvenecida, pero aún con el estigma de ser un partido corrupto y causante de severas crisis económicas.

Peña Nieto se afilió al PRI en 1984, dos años después de una aguda devaluación de la moneda y de uno de los más profundos desplomes económicos, que sumió al país en lo que se conoce como «la década pérdida» en los años ochenta.

Retomando el sesgo de gobiernos paternalistas y benefactores del PRI, Peña Nieto centró su campaña en un decálogo en el que propone mejorar los salarios, detener la tendencia alcista de los precios de los alimentos, reducir las tarifas eléctricas, otorgar becas escolares y vales para medicamentos.

Su intención es lograr que la economía mexicana crezca «hasta tres veces más» que lo actual (hasta el 6%) para que las familias «tengan calidad de vida, mejores ingresos y les alcance para más», según dijo durante la campaña. Pero sus adversarios lo atacaron señalando promesas incumplidas cuando gobernó en el estado de México (2005-2011), vecino a la capital y un pulmón de la economía del país.

Según el analista económico Macario Schettino, «como gobernador, su administración no tiene mucho que celebrar: redujo la competitividad de su estado, incrementó la opacidad, fue la entidad en la que más creció la pobreza y en la que más cayó la calidad educativa».

Más allá de la factibilidad de las propuestas, sus simpatizantes están ansiosos por ver al PRI de regreso al poder, tras dos gobiernos del PAN en los que no se lograron importantes reformas económicas, no se generaron suficientes empleos y se libró una sangrienta batalla contra el narcotráfico que ha cobrado la vida de más de 55.000 personas.

Entre diciembre de 2000, cuando asumió Fox, y mayo de 2012, México generó solamente 3,3 millones de empleos según cifras de la Secretaría del Trabajo, que utiliza el número de trabajadores afiliados a la seguridad social, un fiel registro del mercado laboral formal.

La pobreza también aumentó, en medio de débiles expansiones económicas para cada período presidencial, de alrededor del 2% promedio anual.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), autónomo del Gobierno, la pobreza patrimonial se expandió a 57.7 millones de personas en 2010, desde los 52,7 millones de 2000.

Pero las intenciones de Peña Nieto de revertir la pobreza en el país de 112 millones de habitantes, mejorando los salarios y los programas sociales también cuentan con el presupuesto gubernamental en contra.

El investigador Fausto Hernández dijo que el 90% del presupuesto mexicano ya está asignado y regido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que pone límites al gasto para evitar endeudamientos que pongan en riesgo la estabilidad fiscal.

«Es poco lo que pueden cumplir. El Gobierno federal tiene muchos más candados», dijo Hernández, quien también formó parte de un equipo de revisión de las propuestas.

Agencia Reuters