Embestida de abogados contra examen a jueces

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En etapa de definición, la contrarreforma del Consejo de la Magistratura hizo volver ayer el debate a la Cámara de Diputados, donde un plenario de comisiones analizó una propuesta del kirchnerismo para someter a examen a los jueces cada cuatro años. Interpretado por la oposición como un mecanismo de presión al Poder Judicial, el proyecto apunta a equiparar a los magistrados con otros representantes del poder estatal, como los legisladores, algunos integrantes de los ministerios públicos que duran un determinado período en sus cargos o los profesores universitarios que deben revalidar su aptitud para estar al frente de una cátedra.

Para la familia judicial, que enarbola como un totem la intangibilidad de sueldos y la estabilidad en el cargo, la iniciativa del kirchnerista Alejandro Rossi es inadmisible. Por eso los bloques opositores sentaron ayer en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Peticiones, Poderes y Reglamento a las principales asociaciones de abogados: Carlos Andreucci, titular de la Federación Argentina de Colegios de Abogados; Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de la Capital Federal; y Gerónimo Sansó, Lilia Funes, Marcela Pérez Pardo y Eduardo Cecina, representantes de la Asociación Civil Justicia Democrática. También asistirán al plenario Eduardo Tavani, titular de la Asociación de Abogados de Buenos Aires; Raúl Aguirre Saravia, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Ampliación

Tras la reforma de 2006, el Consejo de la Magistratura pasó a tener 13 integrantes con mayoría del oficialismo. Eso significa que la Casa Rosada está actualmente en condiciones de bloquear la designación o remoción de los jueces. Pero ahora radicales como Ricardo Gil Lavedra, macristas como Federico Pinedo y peronistas disidentes como Graciela Camaño impulsan un Consejo ampliado a 20 integrantes donde la oposición se encargue de controlar el nombramiento y desplazamiento de los magistrados.

Tachado de inconstitucional por los clubes de jueces y abogados, Rossi defendió su proyecto al asegurar que sólo persigue «una mirada rigurosa, que dé garantías de que quienes ejercen esa función están en perfectas condiciones. El juez es un ciudadano al que la ley y la Constitución lo invisten de un poder, de un imperio que no tiene ningún otro ciudadano de la República. Ese poder de imperio significa decidir sobre los bienes y las libertades de las personas. Merece su función una mirada rigurosa, que dé garantías de que quienes ejercen esa función están en perfectas condiciones». Este proyecto es cuestionado desde otros bloques con el argumento de que la Constitución establece la inamovilidad de los jueces, salvo renuncia o juicio político.

Lo cierto es que el debate entre en etapa de definición y que, luego del plenario, mañana el Ministro de Justicia, Julio Alak, visitará la Cámara de Diputados para defender la postura del Gobierno de Cristina de Kirchner. El funcionario suspendió ayer la visita que tenía previsto realizar mañana al Senado para referirse a la reforma del Código Penal sobre delitos de lesa humanidad. El ministro debió posponer su presencia en la Cámara alta por «problemas de agenda», relacionados con los preparativos de la visita del presidente de Chile, Sebastián Piñera, a Buenos Aires. Así se lo transmitió personalmente Alak a la titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Sonia Escudero, a través de un llamado telefónico.

La disertación de Alak de mañana cerrará la ronda de visitas que se inició a principios de marzo para que los legisladores escucharan diversas posturas sobre qué cambios deberían materializarse en el Consejo. El próximo paso será emitir dictamen y llevar el debate al recinto, con la sombra de un veto del Poder Ejecutivo.

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