Estancamiento ya es recesión; hay que mirar de afuera

Christine Lagarde

Pocas expectativas despierta el discurso sobre políticas de crecimiento económico y empleo que el jueves pronunciará Barack Obama, al que la mayoritaria oposición republicana ya denomina «Presidente 0». Los recortes presupuestarios que se ve obligado a aplicar el Gobierno norteamericano no le permite asistir adecuadamente a los damnificados por el huracán Irene. Mal puede poner en marcha un plan de crecimiento.

Durante el fin de semana la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió sobre el riesgo de que la economía mundial vuelva a entrar en recesión de forma «inminente». De todas formas Lagarde unos días antes, en Jackson Hole, había dejado claras constancias de sus temores. Señaló que la banca europea debe ser recapitalizada con urgencia y la necesidad de que en EE.UU. se combine la consolidación fiscal de largo plazo con el fomento al crecimiento de corto plazo. «¿Quién creerá que los compromisos para reducir el gasto pueden sobrevivir a un largo estancamiento con el prolongado desempleo y la alta insatisfacción social?», se preguntó.

En cuanto a la capitalización de los bancos, expertos del FMI señalaron recientemente en un informe que al sector financiero europeo le faltaban unos 200.000 millones de euros. El planteo provocó el rechazo de los organismos europeos y las cámaras que nuclean a los banqueros. Pero el valor de las acciones de las entidades en las Bolsas avalan los temores. «La insegura situación económica y la crisis de la deuda estatal han minado la credibilidad de los bancos», la exministra de finanzas francesa.

En realidad, el escenario político europeo no es el más propicio para enfrentar la crisis financiera en marcha. En Alemania, que es el soporte fundamental para cualquier programa de ayuda y desde ya, para la supervivencia del euro nada está claro. El Tribunal Constitucional germano dictará sentencia sobre la participación de Alemania en las ayudas para el rescate de Grecia el próximo 7 de septiembre y luego el 23 el Bundestag deberá aprobar la reforma del Fondo de rescate europeo (EFSF, por sus siglas en inglés) acordada el pasado julio entre los líderes de la eurozona a raíz del segundo rescate griego. Ese Tribunal se pronunciará sobre una demanda presentada por un grupo de euroescépticos alemanes encabezados por el político socialcristiano bávaro Peter Gauweiler que sostienen que la participación alemana en la ayuda a Grecia lesiona la potestad que, según la Constitución, tiene el Parlamento sobre el presupuesto nacional. También se sostiene que la compra de títulos de deuda soberana por parte del Banco Central Europeo (BCE) viola la prohibición de que el banco central financie a los estados.

Difícilmente el Tribunal Constitucional alemán deje de poner alguna restricción a la política de ayudas y al papel del Banco Central Europeo. Pero lo más grave es lo que puede ocurrir en el Parlamento alemán porque Merkel no cuenta con los votos necesarios en sus propias filas. El Consejo de Ministros alemán aprobó la reforma del Fondo para aumentar el volumen disponible para préstamos que puede conceder a los países con dificultades financieras y permitir la compra de bonos soberanos. Sin embargo, la coalición de Gobierno Merkel -formada por el CDU, el CSU y los liberales del FDP- se asienta sobre una mayoría de 20 diputados extra en el Parlamento y ya 23 miembros de sus propias filas votarían en contra de la reforma, incluyendo 12 de los 44 miembros de los socialcristianos (CSU), con lo que no se alcanzarían los 311 votos precisos.

Merkel dependería entonces del apoyo de los partidos de la oposición para sacar adelante la votación, con el lógico riesgo de que colapse o se rompa su propia coalición.

Cabe recordar que días pasados su ministra de Trabajo, la cristianodemócrata Ursula von der Leyen, exigió el empleo de reservas de oro u otros activos que sirvan de colateral para prestar dinero a otros países de la zona euro, en línea con lo que defiende Finlandia. Esta medida fue rechazada posteriormente por Merkel. Además, los socialdemócratas acordaron un documento en el que exigen la implantación de un mecanismo de quiebra de países, hasta el punto de que los socios que violen el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (déficit máximo del 3% y deuda del 60% del PBI) puedan ser expulsados de la zona euro.

Los socialcristianos rechazan que se otorguen garantías dentro de la eurozona de forma duradera e ilimitada, y en su lugar piden que se posibilite «el proceso de suspensión de pagos para países y bancos». Así, «si un Estado miembro no está dispuesto a cumplir de forma duradera con los criterios de convergencia, existe la posibilidad de abandonar la eurozona», indica la moción.

Como se advierte, el conflicto interno en Europa, igual que en Estados Unidos, bloquea los mecanismos de estímulo económico. Es cierto que estos han venido fracasando y tal como se aplican pueden tener peligrosas consecuencias inflacionarias. Pero no parece estudiarse nada mejor, lo que obliga a quedarse observando mientras el estancamiento se transformó en recesión.