Gobierno le frenó todas las leyes a la CGT

Hay una verdad que todo diputado oficialista conoce, pero silencia: el Gobierno nunca ordenó a su bloque que diera rienda suelta a los proyectos que el moyanismo impulsa en esa cámara. De hecho, el kirchnerismo dejó hacer y, a lo sumo, en algún caso se guardó al Senado como cámara filtro. En el medio siempre existió la directiva a Agustín Rossi de no frenar en debate de las leyes que proponga la CGT, pero de ahí a firmar dictámenes o juntar el quórum para votarlas siempre hubo un largo trecho que generalmente no fue siquiera recorrido.

Esta vez sucede lo mismo: mientras la propia Cristina de Kirchner hasta llegaba a alabar la posibilidad de discutir el reparto de dividendos a los trabajadores (opción que asesinó de un hachazo el lunes pasado cuando comenzó a endurecer posiciones), en el Congreso sus huestes sabían que la Presidente nunca había ordenado apoyar esa idea.

Congelamiento

Esta semana, el Gobierno volvió a hacer lo mismo: todas las reformas a la ley de contrato de trabajo que Héctor Recalde impulsó desde la Comisión de Legislación Laboral de Diputados están congeladas, no ya en su camino al recinto, que se volvió algo imposible, sino también para su avance en comisiones.

El Gobierno decidió que la revolución laboral ya no la hace Moyano y ese razonamiento tampoco debería asombrar como novedad. Néstor Kirchner le hizo lo mismo al camionero: cuando durante su presidencia la AEA y la UIA se asustaban por el avance de los proyectos laborales en Diputados, de 30 reformas moyanistas en espera, el santacruceño le habilitaba una o dos a la CGT.

Ésa fue siempre la verdadera proporción del avance sindical en el Congreso durante la era Kirchner.

La muerte de Néstor quizás supuso un cambio en esta lógica, que finalmente no se dio. De hecho, existe un solo caso relevante que rompe esta regla: la regulación del mercado de la medicina prepaga.

En ese proyecto convertido en ley este año, el Gobierno habilitó el quórum, pero no sólo frente a las presiones de la CGT, sino también de toda la oposición. De ahí que, a pesar de las críticas del macrismo y de la Coalición Cívica, la aprobación salió por unanimidad.

Otro curioso efecto de esta estrategia de Néstor y Cristina para manejar las pretensiones legales del sindicalismo fue el eco que tuvieron en el Senado las leyes de Recalde en Diputados: en todos los casos se vio al radical Gerardo Morales (presidente de Legislación Laboral allí) más interesado en aprobarlas que Miguel Pichetto.

En el camino quedaron pendientes también temas complicados para el Gobierno, como la presión de la oposición por votar una ley que suba el mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias, más allá de la resolución que firmó la AFIP.

Prueba

La prueba de la falta de sintonía entre el sindicalismo legislativo y el kirchnerismo la dieron las propias explicaciones de Recalde el año pasado: «El Gobierno apoya el proyecto de reparto de las ganancias. Tomada dio su completo apoyo. El 1 de marzo arranca el debate», dijo el año pasado, después de recibir la orden de poner en suspenso esa ley.

Moyano la retomó el 29 de abril en el acto de la 9 de Julio: «Este año tiene que salir sí o sí el reparto de las ganancias de las empresas entre los trabajadores. Como el pedido de los trabajadores no se agota nunca, le voy a pedir al presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputado, el doctor Héctor Recalde, que este año tiene que salir la participación de los trabajadores en las ganancias», dijo en ese acto. Nunca el Gobierno les dijo a sus bloques que le hicieran caso.