Goza Kirchner de tratado que rechazaba

El 2 de agosto de 1991 los presidentes Carlos Menem y Patricio Aylwin firmaron un acuerdo para trazar una línea poligonal para dividir el territorio en disputa en la Patagonia desde el cerro Fitz Roy hasta el monte Stokes. La poligonal procuraba fijar una nueva delimitación, de naturaleza convencional, establecida sobre una línea de coordenadas y accidentes geográficos. No fue aceptada por los congresos de cada país. En la Argentina se alegó la pérdida de 1.057 kilómetros cuadrados del Parque Nacional Los Glaciares en caso de aprobarse la línea. El 16 de diciembre de 1998, Menem y Frei firmaron el acuerdo para precisar el recorrido del límite desde el monte Fitz Roy hasta el cerro Daudet que reemplazó la poligonal y se basó en el principio de las altas cumbres que dividen aguas.
La provincia de Santa Cruz goza ahora de la soberanía indiscutida del recurso hídrico del río homónimo merced a aquel acuerdo. Para delimitar los 230 kilómetros de frontera aún no demarcados, entre el monte Fitz Roy y el cerro Daudet, se utilizaron métodos geográficos y convencionales. En el primer caso, basado en el criterio fijado en el tratado de 1881, de línea de altas cumbres divisoria de aguas, mientras que el segundo se fundamenta en pautas acordadas por las cancillerías según las cuales la Argentina no puede reclamar acceso al océano Pacífico, en particular en la zona de los fiordos, y Chile no tendrá derecho alguno sobre los recursos hídricos de la cuenca superior del río Santa Cruz, que fluye hacia el Atlántico.
Por décadas se intentaron obras de generación hidroeléctrica aprovechando el caudal del río Santa Cruz, que no prosperaban por la irresuelta situación limítrofe. El 10 de octubre pasado Cristina de Kirchner encabezó el acto de apertura de los sobres de la oferta económica para la adjudicación de la construcción de dos represas: Condor Cliff y La Barrancosa. Ambas sumarán al sistema eléctrico nacional alrededor de mil megavatios de potencia. Dos UTE manifestaron interés en la megaobra de 2.700 millones de dólares. Un grupo está integrado por Corporación Americana y la mendocina Pescarmona, junto con IMPSA y Camargo Correa. Y en otro consorcio aparecen Electroingeniería SA, IECSA SA y José Cartellone.
Una de éstas, en una asociación mixta con el estado provincial, será la que accederá a la construcción y posterior explotación del complejo hidroeléctrico.