Es por audio en el que se menciona al juez Casanello. Exjefe de espías denunció que lo escucharon más tiempo que el que autorizó Lijo. AFI se desentiende de su divulgación.
Oscar Parrilli y Juan Martín Mena
El affaire de las escuchas que tuvo como protagonista al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, derivó en una imputación formal en su contra por posible tráfico de influencias, que salpicó también a quien fue su segundo al frente del organismo, Juan Martín Mena. El fiscal federal Ramiro González los imputó a ambos por un diálogo filtrado a los medios en los que se daba a entender que intentarían contactar al juez Sebastián Casanello a través del exsecretario de Justicia, Julián Álvarez, para que intercediera a favor del ex-AFIP Ricardo Echegaray. Mientras tanto, la AFI volvió a intentar desligarse de la divulgación de los audios luego de que el juzgado de Ariel Lijo y la oficina de Captación de Comunicaciones deslindaran su responsabilidad en el episodio. En el otro extremo, la fiscalía de Río Gallegos impulsó una investigación (que tiene su melliza en Capital Federal) sobre la base de la denuncia de Cristina de Kirchner como damnificada de esa divulgación de sus conversaciones cuando Parrilli tenía el teléfono intervenido en el caso que investigaba encubrimiento al prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi.
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El diálogo fue en el marco de la investigación por lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez. Allí Parrilli sugiere que Casanello es "flojito" y "presionable por los medios", algo que para la fiscalía debe ser investigado bajo la figura de tráfico de influencias. La escucha fue difundida días atrás, luego de que se conociera una conversación entre Cristina de Kirchner y Parrilli en la que se habla de un supuesto "armado" de causas al exespía Antonio Stiuso, lo que fue denunciado por Guillermo Marijuan. Stiuso pretende ser querellante en ese expediente.
Pese a quedar en el ojo de la tormenta, la AFI emitió un comunicado en el que rechazó su vinculación con las escuchas telefónicas que trascendieron. La central de inteligencia argumentó que "como consecuencia de la divulgación a través de medios de comunicación de diversos audios y transcripciones de comunicaciones telefónicas (...) el organismo se ve en la obligación de volver a negar terminantemente cualquier participación en forma directa e indirecta en su difusión pública". Dijo además que respetó "la debida custodia, resguardo, reserva y confidencialidad" del material a su cargo. En este marco, Parrilli presentó un escrito en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral para ampliar la denuncia por las escuchas difundidas de manera ilegal, porque habría audios que no corresponden al período en el que Lijo autorizó la intervención.
En tanto, la fiscal federal subrogante de Río Gallegos, Patricia Ramallo, pidió abrir una investigación por la filtración en medios de esas escuchas telefónicas sobre la base de la denuncia de la expresidente. Recayó en el juzgado que ocupa el camarista Javier Leal de Ibarra, quien se excusó puesto que éste a su vez tiene a cargo la oficina encargada de captación de teléfonos, la cual depende de la Corte Suprema de Justicia. Ramallo pidió que Lijo y la Dirección de Captación dependiente de la Corte presenten un informe sobre la cadena de custodia de las escuchas y que declare como testigo el director de esa dependencia, Juan Rodríguez Ponte.
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