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Interna massista espera regreso de Insaurralde para definir PASO
Mónica López y Joaquín de la Torre
En el massismo, también se acota su margen de maniobra. Massa espera explicaciones sobre el apoyo de Insaurralde al Memorando de Entendimiento con Irán, votado por sus compañeros de banca en febrero de 2013, unos meses antes de que el esposo de Jesica Cirio asumiera como diputado nacional. El caso Nisman complica aún más su eventual desembarco en el Frente Renovador, donde crecen también las suspicacias en relación con Francisco de Narváez, recién llegado de la gestión de Scioli donde todavía mantiene a parte de su staff, como Gustavo Ferrari.
De Narváez colocó en el Gobierno de Scioli a la exdiputada Natalia Gambaro, que acompañó al empresario en la Cámara de Diputados. Gambaro fue designada como interventora en la Fundación Felices los Niños y empezó un gradual acercamiento al massismo. En el FR desconfían de la ambigüedad de De Narváez como una eventual estrategia para convertirse en un candidato dual con apoyo de Massa y por abajo, de Scioli.
La tensión en el massismo generó la salida, casi de facto, de Gustavo Posse. El intendente radical de San Isidro volvió a alinearse con el PRO de Mauricio Macri y ya descarta competir por la candidatura a gobernador del Frente Renovador. La vicepresidenta del bloque massista en la Legislatura bonaerense, Mónica López, ratificó su pertenencia al massismo y sigue anotada en la primaria abierta del FR para convertirse en candidata a gobernadora de Buenos Aires. Y prepara su lanzamiento para fines de marzo o principios de abril.
En el plano netamente político, los intendentes del Frente Renovador convocaron a una "reunión de urgencia" para el viernes en el municipio de Escobar, a fin de "exigir medidas de seguridad" para Massa y su familia. El líder del Frente Renovador apuntó ayer a las "responsabilidades políticas" por el robo a su casa en 2013, luego de que la causa dio un giro con la difusión de escuchas telefónicas en las que el prefecto que ingresó a su vivienda reconoce haber sido agente de inteligencia del Poder Ejecutivo.
"Voy a pelear por mi familia, para saber quién es el responsable político de esto", manifestó Massa en declaraciones a la prensa acompañado por su esposa, Malena Galmarini, y señaló que las novedades de la causa por el robo en su domicilio "revelan un entramado mafioso que nada tiene ver con la Argentina que la sociedad quiere".
El precandidato presidencial pidió, además, la intervención del penal de San Martín donde el prefecto se encuentra detenido, al tiempo que afirmó que no se va a "quedar de brazos cruzados viendo cómo se condena a un perejil", porque detrás de la condena al ladrón hay una "responsabilidad política". Al respecto, denunció además que "organismos de segunda línea" del Gobierno están influyendo para "frenar" el juicio que el 5 de marzo comenzará contra el prefecto, a través de maniobras para "voltear testimonios y adoctrinar testigos".
De esta manera aludió a Alcides Díaz Gorgonio, el prefecto preso por el robo en su casa perpetrado en 2013 y acusado por el delito de robo doblemente agravado, que reveló desde la cárcel en una comunicación telefónica que era agente de inteligencia del Gobierno. Las escuchas judiciales permitieron detectar, además, que en la Fiscalía de Pilar a cargo de Washington Palacios se comenzó a tramitar una causa conexa a raíz de declaraciones de un testigo que habló de supuestas irregularidades en los allanamientos en la casa del prefecto en los que se encontraron elementos robados en el domicilio de Massa y que además denunció amenazas.
"Quiero creer que el gobernador (Daniel Scioli) va a garantizar la vida de la familia de Massa. Quiero pedirle que nos garantice la seguridad de la familia y de nuestro candidato. Que no meta la cabeza como un avestruz", apuntó el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Por su parte, el diputado bonaerense del Frente Renovador Mauricio D'Alessandro señaló que "el prefecto, que según el Gobierno era un remisero y no un agente de inteligencia, resultó ser una persona que desde la cárcel hablaba con un celular, con dependencias de la Secretaría de Seguridad", dijo el diputado provincial.


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