16 de junio 2014 - 00:14

La polémica por el “milagro económico” signará el futuro

La apatía del pueblo colombiano frente a una campaña y unos comicios en los que el presidente Juan Manuel Santos y el uribista Óscar Iván Zuluaga se tiraron con dardos envenenados responde a una verdad indiscutible: el electorado no pudo encontrar en las promesas de los dos rivales ninguna respuesta a sus principales preocupaciones.

Santos y Zuluaga, hijos del mismo padre político, el expresidente Álvaro Uribe, cansaron con sus proclamas a favor y en contra de la paz negociada con la guerrilla. Centraron su juego en el único punto que los aleja y silenciaron los ítems en común, mayoritarios y, en un cierto sentido, más concretos para una mayoría.

Neoliberales en lo económico y ortodoxos en lo social, obviaron las mayores preocupaciones de los colombianos que, cada vez más, sienten lejano el conflicto armado que durante cincuenta años dirimió los claroscuros de la gobernabilidad colombiana.

Una encuesta de Gallup registró que para el 25,1% se debe generar más empleo, el 12,1% cree que se necesita más cobertura en salud y 11,1% sostuvo que la delincuencia común es el principal problema a resolver. Muy por debajo, en octavo lugar, aparecía la guerrilla como una preocupación, con el 4,7%.

Para Santos, el desafío de su próximo Gobierno no es muy distinto del que asumió cuatro años atrás: convertir los indicadores económicos -que desde 2012 han mejorado- en beneficios que transformen a la sociedad colombiana, la tercera más desigual de América Latina, lo que es mucho decir, de acuerdo a ONU Hábitat.

Las cifras de la economía colombiana son motivo de elogio de analistas y entidades financieras. En 2013, de acuerdo con la Cepal, el crecimiento fue del 4% del Producto Bruto Interno (PBI) y la recaudación fiscal aumentó en más del 1%.

La inflación cerró el año pasado con el índice más bajo de los últimos 50 años -1,94%-, la inversión extranjera directa rompió otro récord y sumó 6.772 millones de dólares y Colombia se convirtió en la tercera economía de Sudamérica, por encima incluso de Argentina.

También hubo una mejora, aunque tímida, en los indicadores sociales. Mejora insuficiente para revertir una desigualdad histórica.

La pobreza bajó dos puntos pero sigue siendo altísima, un 30,6% -en zonas rurales llega al 42,8%- y la pobreza extrema descendió 1,3 puntos para ubicarse en el 9,1%. Esto implica que de 47 millones de colombianos, 14 millones viven en la pobreza y 4 millones en la indigencia.

El coeficiente de Gini, que permite medir la inequidad en la dustribución del ingreso, no presentó ninguna variación a nivel nacional. Se mantuvo estable en 0,539, uno de los más altos del mundo.

Pese a que el desempleo bajó hasta el 9,64%, el índice de informalidad alcanza a casi la mitad de los trabajadores (49,4%) y éste es el factor clave en el mantenimiento de la desigualdad a pesar de los buenos resultados económicos de los últimos años. Es también la razón principal de que el desempleo, la salud y la educación sean las mayores preocupaciones de la ciudadanía.

En Colombia, el acceso a la red sanitaria -que es financiada por el Estado pero gestionada íntegramente por el sector privado, el cual es investigado por un escandaloso caso de corrupción millonaria- sólo está garantizado para los empleados en blanco.

La educación de calidad también está en manos mayoritariamente del sector privado. Su costo convierte al sistema educativo colombiano en uno de los más excluyentes del continente.

La apatía que no se logró revertir durante una campaña electoral que hizo oídos sordos a los problemas sociales será, probablemente, la regla que marcará la relación entre Santos y la sociedad durante el próximo período. Una realidad que se sostendrá, al menos, hasta que la agenda política y la ciudadana se encuentren.

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