La política versus la razón en el mercado tributario

Nuestro contexto social ha desarrollado un mercado de valores políticos, en el que diversos temas técnicos y operativos se abordan políticamente. Cualquier problema de orden social o económico que plantea una posible solución técnica, es aprovechado para obtener algún rédito político demorando la solución, aún a riesgo de que el problema no se resuelva.Por ejemplo, el impuesto las ganancias es un problema técnico. El aspecto político de este problema es inexistente. Este impuesto ha sido consagrado científicamente como el único que permite gravar a las personas considerando su capacidad de pago. Por demás, este impuesto es técnicamente un instrumento de redistribución de riqueza, desde quienes tienen ingresos y rentas superiores hacia quienes ganan menos y consumen más servicios sociales.

En nuestro país, la decisión de adoptar este impuesto es ancestral y ningún partido debería arrogarse un mérito por ello. Lo ocurrido es que la técnica apropiada para cobrar este impuesto fue descuidada por los diputados, senadores y funcionarios de los últimos 13 años, quienes hicieron caso omiso de la desnaturalización de este tributo por causa de la inflación. El impuesto, así como se cobra en nuestros días, está corrupto - usamos un término de computación- , infectado por la incompetencia técnica de quienes deben custodiar las herramientas recaudatorias del Estado. Las discusiones sobre el mínimo no imponible, las tablas de alícuotas, etc., se utilizan para obtener rédito político. Los políticos han secuestrado la ciencia de las finanzas, el derecho tributario y las ciencias económicas para cobrar un rescate exigido por la sociedad. Es como si los médicos enfermaran a un paciente y luego se vanagloriasen de su curación.

Cuánto debe pagar un trabajador o un empresario de impuesto a las ganancias es un cálculo, no una reivindicación política. Lo normal en la estructura del tributo, es que los trabajadores y empresarios de menor poder adquisitivo, tributen muy bajos impuestos. El legislador previó, hace más de una década, una tabla de alícuotas que aseguraban progresividad. Un trabajador o empresario para llegar a la alícuota máxima, debía tener rentas de más de $ 2.000.000. La tabla corrupta obliga al pago del 35 % con rentas de $ 120.000. El error técnico es haber suprimido la actualización para neutralizar la inflación.

Los trabajadores carecen de mejores derechos que el resto de los ciudadanos en estos aspectos. Todos somos iguales ante la ley. Y todos los ciudadanos tenemos el derecho a que los funcionarios, diputados y senadores, actúen científicamente y como no pueden ser especialistas en tributación, sigan el consejo de los profesionales entendidos. Así es como se logrará un poco de racionalidad en el uso de los instrumentos de recaudación, evitando cooptarlos para piruetas en el circo de la política. La racionalidad de la recaudación debe estar en total armonía con la racionalidad del gasto público. Es inmoral quitar riqueza o sustento a los empresarios y trabajadores, para aplicarlo en sostener gastos desenfrenados, sin medición de su productividad, en un desorden sin control apropiado.

Exijamos a los justicieros que piden la expansión del gasto, su responsabilidad de informar de dónde saldrán los fondos.

¿Será la hora de la huelga de contribuyentes, para pedir por la racionalidad de los impuestos?



(*) Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. UBA.