Lagomarsino quedó procesado por ser partícipe del “homicidio” de Nisman

Temeroso. El informático Diego Lagomarsino dijo temer que se cometa una “injusticia” en su caso y reiteró su versión inicial acerca del hecho.

En una de las últimas decisiones del año, se concretó el procesamiento del informático Diego Lagomarsino en la causa en la que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, pero tras la pericia entregada por Gendarmería, ahora bajo la óptica de un "homicidio". El juez federal Julián Ercolini procesó al técnico como "partícipe necesario" del asesinato del fiscal tras calificar el caso de "homicidio simple". Se trata de un fallo en el que por primera vez un magistrado modifica la carátula de "muerte dudosa" que tuvo hasta el momento por la de homicidio. En rigor, desde el pase del fuero de instrucción al federal y con el condimento de la pericia de Gendarmería, el expediente ya había quedado inclinado a favor de la hipótesis de una muerte no autoprovocada.

Por otra parte, el magistrado también procesó a cuatro custodios de Nisman de la UFI-AMIA al acusarlos de haber cometido el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por desprotegerlo y de "encubrimiento agravado" del asesinato. Además, en su fallo de 656 páginas, Ercolini le trabó a Lagomarsino un embargo de $15 millones, le prohibió salir del país y, aunque no le dictó la prisión preventiva, dispuso que sus desplazamientos sean controlados mediante una tobillera con GPS, tal como viene ocurriendo desde que fue llamado a indagatoria acusado de haber tenido algún tipo de participación en la muerte del fiscal. No podrá alejarse de su domicilio declarado por más de 24 horas ni más de 10 kilómetros sin autorización del juez y deberá comparecer al juzgado cada 15 días.

Lagomarsino reconoció desde un comienzo ser el dueño del arma de la que salió el disparo que mató al fiscal, aunque siempre sostuvo que se la había pedido prestada un día antes de aparecer muerto. A los policías federales Rubén Benitez (quien también sostuvo que Nisman le había pedido un arma), Luis Miño y Armando Niz, el juez los procesó también por el delito de "encubrimiento agravado", por "tratarse de un hecho precedente a un delito grave", y les trabó embargos de $500 mil.

En tanto, al custodio Néstor Durán el juez le trabó un embargo por $50 mil y lo procesó solo por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". A los cuatro, el magistrado les prohibió salir del país, y les fijó la obligación de presentarse ante el juzgado federal 10 cada 15 días.

El magistrado destacó el informe pericial de Gendarmería. Tal como había hecho antes el fiscal, Eduardo Taiano, Ercolini se apoyó solamente en ese informe en el que se afirmó que Nisman había sido ejecutado por dos personas pero no se hizo eco del número de presuntos sicarios, cuya introducción en la escena no está establecida, así como tampoco su salida del departamento del fiscal sin dejar rastro.

Lagomarsino no paró de insistir en su versión inicial en la que relató que Nisman le exigió un arma para la protección de sus hijas. Aseguró que su principal temor era quedar preso, en un raid mediático minutos antes de conocerse la decisión del magistrado. El delito por el que se lo acusa tiene una pena de entre 8 y 15 años de prisión.

Ercolini hizo un repaso general de la investigación y subrayó puntos vidriosos como el puesto de diarios que se especula habría sido una suerte de estación de vigilancia del fiscal de servicios de inteligencia. También quedó de manifiesto que cree que el informático mintió sobre el supuesto pedido de Nisman para hacerse de un arma para protección: sostuvo que el objetivo del experto fue introducir a la escena "un arma amiga" para que se cometa el crimen. Para ello, reafirmó la relación de cercanía entre ambos lo que los llevó a compartir viajes. Lo mismo que la siempre difusa participación de Lagomarsino en la cuenta en el exterior sin declarar que Nisman tenía junto a familiares cercanos.

"Si el propio Nisman hubiese querido quitarse la vida como argumentaban los custodios también imputados, lo cierto es que poseía un pistola de idénticas características a su alcance para hacerlo, lo que desvirtúa la necesidad del préstamo; o si se quiere, recordemos que vivía en el piso 13 de un edificio", lanzó hipótesis el juez sobre los recursos para suicidarse que habrían estado a su alcance, según su criterio.