Las claves para entender el escándalo Petrobras (2da parte)

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, aparece en el centro de la escena del escándalo, aunque el partido gobernante intente inmunizarla.

 ¿Cómo fueron los negociados? A lo largo de la segunda mitad de la década pasada, Petrobras encaró un proceso de expansión de su área de refino, con la construcción de la Refinería Abreu e Lima en Recife. Esta refinería que tenía un costo inicial estimado de algo más de u$s 2.000 millones y un plazo de cuatro años para ser terminada, fue incrementado sus costos de construcción hasta multiplicarlos por diez doblando su tiempo de construcción. Varias de las mayores empresas de ingeniería y construcción de Brasil participaron en la construcción de este megaemprendimiento.

El área internacional, por su parte, negoció la compra del 50% de una refinería en Pasadena, Texas, apta para procesamiento de petróleo pesado a una trading belga de petróleo (Astra Oil) pagando aproximadamente u$s 150 millones siendo que Astra había comprado en u$s 50 millones toda la refinería un año antes. El contrato establecía que Petrobras debería realizar una serie de inversiones para actualizar la refinería y que en caso de que éstos no fueran efectuados en tiempo y forma, debería comprar la parte de su socia con más multas. Sólo que según varios documentos internos de la empresa estas condiciones no fueron comunicadas por el área actuante (Dirección Internacional) al Comité Ejecutivo de la empresa, integrado, entre otros, por la entonces Ministra de la Casa Civil y actual presidenta, Dilma Rousseff, la que aprobó la compra con desconocimiento de las condiciones contractuales pactadas. Como Petrobras incumplió su parte, fue demandada por su socia por incumplimiento de contrato, perdiendo las diversas instancias de arbitraje. La cuenta final fue una pérdida cuyo valor oscila entre u$s 500 y u$s 1.000 millones incluyendo los honorarios de abogados, multas e intereses, dependiendo de la fuente que se considere. La Refinería se encuentra hoy en día operativa y funcionando, pero la empresa ha reconocido que será imposible recuperar las pérdidas con las ganancias normales de la operación.

Adicionalmente se compró una refinería en Okinawa, Japón, en u$s 50 millones, la que estaría totalmente obsoleta técnicamente y requeriría una fuerte inversión para ser operativa.

Cabe destacar que los procesos de retro-fit de las operaciones industriales de Petrobras fuera de Brasil suelen ser realizadas por las subsidiarias extranjeras de las empresas constructoras brasileñas que realizan servicios para la empresa dentro de Brasil. Buena parte de estos contratos han sufrido objeciones por parte del Tribunal de Cuentas que ha reclamado por sobreprecios y problemas de ejecución. Debe destacarse que todo lo relatado afecta exclusivamente a algunas áreas específicas de Petrobras, particularmente las áreas internacional, ingeniería y suministros. En los últimos días aparecieron una serie de denuncias de una gerente de alto nivel de la empresa que reclama por denuncias no atendidas sobre casos de corrupción en operaciones en la sucursal Singapur, donde hay mails enviados a las autoridades de la empresa con estas denuncias, las que no habrían sido atendidas.

Operación lavado

A principios de esta década, el Congreso brasileño aprobó la denominada Ley Anticorrupción que clarificaba muchos aspectos relativos a la definición jurídica de corrupción, así como responsabilizaba de la misma manera tanto al corruptor como al corrompido por esas prácticas y estableció el instituto de la delación premiada con significativas rebajas en las penas en caso de que el juez entienda que prestó un servicio importante al esclarecimiento de las causas.

En el centro de la capital de Brasil, Brasilia, hay una estación de servicio, muy tradicional, donde conviven con los surtidores una tienda de conveniencia, un negocio de tintorería y lavado de ropas y una casa de cambios, todas ellas propiedad de un ciudadano brasileño de origen árabe. En 2010, alertada por el COAF (equivalente a la Unidad de Información Financiera de la Argentina) y por el Banco Central en su carácter de regulador del mercado de cambios, por un conjunto de movimientos de dinero sospechosos, la Policía Federal brasileña (cuya forma de actuación la asemeja más al FBI que a nuestra Policía Federal) desató con acuerdo judicial una operación de escucha destinada esencialmente a determinar la existencia de infracciones a operaciones de cambio y lavado de dinero en esa Casa de Cambios. El nombre de la operación, en virtud del local donde fue deflagrada, es Operação Lava Jato (Operación de lavado a presión, en castellano).

Dado que las conexiones indicaban que el principal responsable por las operaciones era el Sr. Alberto Youssef, viejo conocido de la Policía Federal por otros delitos cambiarios y de lavado de dinero, por los cuales había sido preso a principios de la década pasada, la jurisdicción judicial fue transferida al juez federal penal de Curitiba Sergio Moro, uno de los principales especialistas brasileños en cuestiones de lavado de dinero. Éste ordenó una vasta operación de escuchas telefónicas sobre las empresas de Youssef, a partir de las cuales comenzó a aparecer una conexión con el director de suministros de Petrobras, vinculado al PP, pequeño partido de derecha que apoya al Gobierno del PT. De aquí en adelante, como en una novela policial o una película, se fue desarrollando una tarea de investigación e inteligencia, que fue dejando a la luz una gigantesca operación de lavado de dinero y pago de sobornos relativos a contratos de obras y servicios con esa empresa en Brasil y en el exterior entre varias de las principales empresas constructoras de Brasil y sus directivos, con significativas conexiones políticas en varios partidos políticos todos ellos vinculados a la coalición gobernante. En forma adicional se detectaron operaciones comerciales entre empresas de fachada de Youssef y varias de las principales constructoras brasileñas con negocios con Petrobras en las más diversas áreas.

Ya mencionamos que el proceso denominado Mensalão tuvo, más allá de las condenas de los principales involucrados, un significado muy relevante para los sectores empresarios vinculados a los políticos: los políticos involucrados en ese episodio están en sus casas, de una u otra manera, en cuanto a que los actores empresarios, que proveyeron las estructuras financieras para que pudieran generarse los pagos ilegales, están todavía presos con perspectivas de largas condenas. La lección, el silencio no paga.

Derivado de esta situación y acompañado por la ley anticorrupción y la delación premiada, primero el cambista Alberto Youssef, luego el Director de Suministros de Petrobras y su número 2 comenzaron a delatar todo el esquema de corrupción que los involucraba, así como a sus asociados en el campo empresario y en la política. Estas conexiones involucraban inicialmente a cerca de 40 diputados, 15 senadores y 3 gobernadores, incluyendo un candidato presidencial fallecido, los que habrían recibido sobornos y/o contribuciones de campaña no declaradas vinculados a los negocios de Petrobras dentro de los estados de origen y a un club (Cartel) organizado entre las principales constructoras que se adjudicaba las obras, según un esquema muy semejante a un torneo de futbol. También varios partidos políticos, incluyendo el PT, habrían recibido contribuciones provenientes de un porcentaje de los sobornos pagados por las empresas. Como consecuencia de estas delaciones, el juez decretó la prisión preventiva en carácter de imputados de varios CEO´s y sus principales gerentes de estas empresas, entre las que se cuentan Engevix, UTC, OAS, Queiroz Galvao, Camargo Correa, entre otras. Estas empresas participaban en consorcios en diversos contratos con Petrobras, incluyendo además de construcción civil y montaje, construcción de plataformas petroleras y sondas de perforación.

Para que tener un panorama más acabado del significado monetario de los actos de corrupción detectados, las delaciones premiadas han permitido iniciar trámites de devolución de fondos al Estado por valor superior a u$s 250 millones.

Los allanamientos dispuestos en los domicilios de los ejecutivos presos, ratifican las denuncias de los delatores y han ampliado las pruebas a disposición de la justicia respecto de la existencia de un cartel para adjudicarse los negocios.

De momento se especula con que algunos de estos ejecutivos estén preparando su delación premiada, lo que podría ampliar los problemas de sobornos a otras empresas públicas que contratan obras con este grupo de empresas.

La dimensión de estas denuncias impactará severamente a los diversos partidos de la coalición gobernante y quizás también a políticos opositores por diversas vías, comenzando por la imagen pública de vinculación a hechos de corrupción, pero también porque estas empresas realizan las principales obras públicas del país y parece casi inevitable que este proceso afecte el desarrollo habitual de los negocios por diversas caminos, entre los cuales no es menor que el sector financiero pueda cortar canales de financiamiento habitual o que no se consiga la renovación de operaciones de crédito a través de emisión de deuda por el temor de los inversores de invertir en empresas expuestas de esta manera.

Dado que Petrobras cotiza en varias bolsas del mundo, incluyendo la de Buenos Aires, inversores extranjeros que sienten defraudados por estas maniobras están iniciando juicios a Petrobras y su directorio por leniencia en el fraude en jurisdicciones diferentes de las brasileñas, con tradición de resoluciones relativamente rápidas en este sentido. Demás está decir que toda esta situación está afectando la solidez financiera de Petrobras y de sus proveedores. Existen serios riesgos sobre el plan de inversiones del próximo quinquenio necesarios para el desarrollo del Pre Sal que está además afectada por la baja en el precio del petróleo. Si bien la empresa ha declarado que cuenta con caja suficiente para hacer frente a la totalidad de sus compromisos durante el primer semestre del año próximo, existen algunos interrogantes sobre el costo que la empresa deberá afrontar para refinanciar los compromisos posteriores y su capacidad para mantener el plan de inversiones comprometido. Eso sin tener en cuenta los impactos fiscales por lo que se prevé será una brusca disminución en sus dividendos que son parte del superávit primario del Tesoro.

Con relación a las empresas contratistas, ya existen algunos indicios que estas están buscando deshacerse de participaciones en negocios no centrales a su actividad que les permitan obtener una posición de caja lo suficientemente sólida como para enfrentar contingencias como las mencionadas.

A su vez estas empresas, así como Petrobras tienen negocios y participaciones en variados emprendimientos en diversos países, entre ellos Argentina, los que probablemente puedan sufrir algún efecto colateral de estas restricciones financieras o ser colocados a la venta.