Legalizaría hoy Uruguay el aborto hasta 12° semana

José Mujica

Montevideo - El Senado uruguayo aprobará hoy el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que implicará una despenalización del aborto en determinadas circunstancias y que ha dividido al país.

La normativa cuenta con el respaldo del gobernante Frente Amplio y el opositor Partido Independiente (PI), pero no termina de convencer a organizaciones sociales que se manifiestan en contra o a favor.

Para convertirse en ley, el texto de 15 artículos requiere de la promulgación del Poder Ejecutivo y una posterior reglamentación, por lo cual no entrará en vigencia de inmediato, sino que deberá recorrer aún un largo camino.

Algunos legisladores de la oposición han anticipado que convocarán a un referendo para dejar que sea la población, directamente, la que falle sobre el polémico tema que dividió al país e incluso generó fisuras dentro de cada partido político.

Los argumentos en contra se basan en cuestiones filosóficas, religiosas o éticas, y un nuevo conglomerado de izquierda denominado Asamblea Popular (AP), formado por grupos escindidos del Frente Amplio, reclama que debería imponerse la «legalización» directamente, por la sola voluntad de la mujer, sin condiciones.

La organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU) también tiene reparos respecto de la nueva ley, según dijo Martha Aguñin, una de sus voceras, porque impone condiciones inaceptables o de difícil aplicación.

El artículo segundo del proyecto de ley establece que «la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada» y en consecuencia no serán aplicables artículos del Código Penal para el caso en que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice durante las primeras doce semanas de embarazo.

Los requisitos son, entre otros, «acudir a consulta médica de una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso».

El médico dispondrá para el mismo día o para el siguiente la consulta con un equipo interdisciplinario, el que a estos efectos estará integrado al menos por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante, en el área social.

Ese equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer de lo establecido en la nueva ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, informará sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto de la posibilidad de dar su hijo en adopción.

En particular, el equipo de profesionales «deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable».

A partir de esa reunión con el equipo, «la mujer dispondrá de un período de reflexión mínimo de cinco días, transcurrido el cual, si ratificara su voluntad de interrumpir su embarazo ante el médico ginecólogo tratante, se coordinará de inmediato el procedimiento, que en atención a la evidencia científica disponible, se oriente a la disminución de riesgos y daños».

«Nadie garantiza que el sistema de salud, a nivel público como privado, esté en condiciones de ofrecer los servicios de aborto hasta las 12 semanas de gestación al no estar disponibles los equipos de salud que deberían actuar, sin tener en cuenta los tiempos de las mujeres en esa situación», indicó Aguñin.

Agencias DPA y AFP