El desmantelamiento el jueves de cuatro campamentos en zonas de clase media de la capital y los arrestos de manifestantes reavivaron las protestas que sacuden desde febrero al país.
Según un comunicado de la Fiscalía, ocho de los detenidos en la redada contra los campamentos fueron trasladados a una cárcel en el centro de Caracas y tres a los calabozos del servicio de inteligencia por delitos como portación ilegal de armas de fuego, incitación a la desobediencia, daños violentos a la propiedad y asociación ilícita.
A tres jóvenes se los dejó en libertad bajo fianza, 155 deberán presentarse periódicamente ante tribunales y 15 de los imputados serán sometidos a tratamientos médicos para "su plena recuperación en cuanto al consumo de drogas".
Desde principios de febrero miles de venezolanos salieron a las calles para protestar por la inflación -que roza el 60% anual-, el desabastecimiento de productos básicos, como la leche y el papel higiénico, y la delincuencia que, según la ONU, convirtió a Venezuela en el segundo país más violento del mundo.
Los manifestantes culpan del deterioro de la calidad de vida a Maduro, elegido hace poco más de un año por estrecho margen tras la muerte, por cáncer, de su mentor Hugo Chávez.
La ola de protestas dejó 42 muertos, unos 800 heridos y 2.800 detenidos, 161 de los cuales permanecen tras las rejas.
Maduro jura que las protestas buscan derrocarlo, siguiendo el libreto de un golpe de Estado que alejó brevemente del poder a Chávez en 2002.
La redada contra los campamentos llevó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a criticar el "uso excesivo de la fuerza" por parte del Gobierno. Además, contribuyó a resucitar las protestas, que habían perdido intensidad en el último mes.
El sábado, miles de opositores marcharon por Caracas, en una jornada que terminó, como es habitual, con enfrentamientos entre jóvenes encapuchados armados con piedras y bombas molotov y policías antimotines que los dispersaron con gases lacrimógenos.
La peor ola de manifestaciones en más de una década no parece, sin embargo, amenazar al Gobierno del mayor exportador de crudo de Sudamérica.
Organizaciones no gubernamentales denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y legisladores estadounidenses pidieron sanciones a funcionarios venezolanos por su actuación en los disturbios, algo que Maduro calificó como una "estupidez".
| Agencias Reuters y EFE |
Dejá tu comentario