Macri, rediseño de las telco por decreto

A través de dos decretos, en el inicio y el final de su primer año de mandato, el Gobierno de Mauricio Macri reformó el marco regulatorio de los medios audiovisuales (incluida la TV paga) y las telecomunicaciones. Con actores dominantes en cada área y severos retrasos en la calidad de los servicios, Macri sienta las bases para dos sectores económicos que se ubican entre los más lucrativos en la Argentina y en el mundo. A continuación publicamos una síntesis del análisis del especialista de las universidadades de Quilmes y Buenos Aires Santiago Marino que apareció en The Buenos Aires Herald:

 El sistema de medios argentino tiene una serie de características que lo describen en su complejidad. Presenta altos niveles de concentración de la propiedad y una fuerte centralización en la producción de contenidos en el área metropolitana de Buenos Aires. En este marco, la presencia de capitales extranjeros es muy significativa, a punto tal que uno de los dos grupos más importantes es de capitales foráneos. Así es como la competencia es un rasgo ausente y la prestación de servicios de calidad es muy dispar entre las grandes ciudades y las localidades de provincias.

Estos rasgos alcanzan a los medios audiovisuales tradicionales (televisión abierta y de pago, por cable y satélite), a las telecomunicaciones (telefónica móvil y fija) y la prestación de servicios de conexión a internet, varios de ellos sectores de los más lucrativos en el mundo de hoy.

Desde hace varios años se instaló la discusión sobre la necesidad de regular de modo convergente sistemas históricamente divergentes y con tradiciones normativas diferentes. Mientras que para los medios audiovisuales la ley enfoca en permisos para usos de espectro (licencias) y contenidos, las telecomunicaciones son prescriptas en términos de infraestructura y cuestiones económicas. La etapa actual parece demandar un marco convergente. Las dificultades, como se verá, son mayúsculas.

El Gobierno de Cambiemos heredó un marco de normas y leyes para el sistema comunicacional que en gran parte es resultado del debate iniciado en 2008 tras el conflicto entre el Gobierno de Cristina de Kirchner y los sectores dependientes del agro, por la resolución 125 sobre derechos de exportación de la soja. El marco legado por Cristina de Kirchner estaba compuesto por la Ley Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y el decreto de TV Digital -ambos aprobados en 2009- más la Ley de Telecomunicaciones 'Argentina Digital' de 2014. Así era como el kirchnerismo contempló la convergencia. Y más allá de la forma en que la ley de 2014 introdujo la cuestión, la aplicación distaba de cumplir los objetivos. Sin embargo, podía constituir un punto de partida para una política de Estado, al menos respecto de los organismos de aplicación y control.

Desde su asunción, el Gobierno de Mauricio Macri llevó adelante un conjunto de decisiones cuyo objetivo principal radica en desmontar la estructura heredada. Una serie de decretos y resoluciones se sancionaron -en general sin mayor debate o con un diálogo limitado a los sectores empresariales- para desguazar la LSCA, implementada en muy bajas dosis por el Gobierno anterior.

La decisión de modificar la normativa es acompañada por un discurso en boca del Gobierno de Macri que expresa por lo menos tres ideas centrales. En primer lugar, la del "fin del enfrentamiento y la persecución a los medios por parte del Estado". En segundo término, la concepción mercantil de la comunicación que otorga un rasgo central a los intereses del mercado. Y por último, la tesis que entiende que generar condiciones para una convergencia competitiva entre grandes empresas mejorará los servicios, la calidad del sistema y atraerá inversiones.

Ese discurso puede leerse en las afirmaciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien al presentar el Ministerio de Comunicaciones sostenía: "Se termina la guerra contra el periodismo y comienza una política pública de comunicaciones del siglo XXI". También en las declaraciones de Miguel de Godoy (director del Ente Nacional de las Comunicaciones, ENACOM), para quien la idea era "dar vuelta una página de una etapa muy complicada de coerciones a las empresas periodísticas" al anunciar el final de los planes de adecuación a los límites a la propiedad establecidos por la Ley Audiovisual de 2009. Pero encuentra cierto límite en las afirmaciones y el desconocimiento que manifiesta Oscar Aguad - titular del ministerio creado por Macri- quien se expuso sorprendido por la posibilidad que brindaba internet de enviar archivos de información adjunta por correo electrónico.

La contradicción expuesta permite sostener que la política de comunicación aplicada por el Gobierno de Cambiemos es resultado de la combinación de una serie de factores: la visión promercado, la relación de afinidad con las empresas dominantes del sistema y cierto desconocimiento de las lógicas y problemas del resto del campo comunicacional.

En el escenario a regular los contendientes son muy potentes. Representan capitales nacionales y extranjeros. Cada uno domina su sector (o varios) y quiere -sin ceder terreno en el propio- competir en el del rival. Permitido por la tecnología, el dilema pasa por su regulación. El Gobierno busca garantizar la competencia en un mercado del que desconoce su rasgo central: la concentración.

En TV de pago -un sector muy potente en el país -Cablevisión (Clarín) ronda el 40% y Direct TV (AT&T) el 30%. Los sigue Supercanal (Vila & Manzano), que apenas llega al 7% del total. En telefonía fija (un sector relevante por sus redes y extensión) el oligopolio es muy marcado: Telefónica (España) domina el 45% y Telecom (ahora en manos del Fondo Fintech, socio de Clarín en Cablevisión y una incertidumbre para el futuro) llega al 30%. En Telefonía móvil (espacio donde se espera competencia a partir de 2018) la torta se reparte entre tres: Claro (Carlos Slim) 34%, Telefónica (España) 32% y Telecom (Fintech y otros) 31%. Allí opera Clarín con Nextel, apenas tiene el 2% pero aspira a competir con servicios de 3G y 4G. A su vez, el mercado de Banda Ancha Fija repite la división en tres: Cablevisión (Clarín) tiene el 28%, Telefónica (España) el 27% y Telecom (Fintech y otros) el 26%. Todos estos valores son de comienzos de 2016 y describen el contexto desde el que competirán el año que viene.

A fin de 2016, el Gobierno regula por decreto un sistema que pretende sea competitivo pero desconoce que está muy concentrado. Y con su saga de cambios quedó en el centro de una disputa de intereses contrapuestos e irreconciliables. Clarín y Telefónica mantienen una pelea sottovoce que lleva más de 25 años. La convivencia entre ellos no parece incluir la competencia, pues para crecer, necesitan tomar una tajada del otro. Con el Decreto 1340/16 (publicado en el Boletín Oficial el lunes pasado) definió un camino a la convergencia que no resolvió el choque de intereses, a pesar de los intentos por satisfacer a todos los contendientes. Es un texto de 13 artículos que configura el marco de la disputa por venir. Define que las empresas de telecomunicaciones podrán dar TV de pago (por cable, no satélite) desde enero de 2018 en ciudades con más de 80.000 habitantes. A su vez, Grupo Clarín podrá ofrecer servicios de telefonía móvil con 3G y 4G con la licencia de Nextel y otras firmas con espectro que compró recientemente. Aunque deberá resolver dos dificultades: por un lado, necesitará habilitación del ENACOM. Por el otro, tendrá que adaptar la tecnología de las empresas. Fuentes de la firma expresan que esto podría demorar hasta mediados de 2018, por lo que demandan que la convergencia no será asimétrica en favor del nuevo actor en telefonía, Clarín. Por su parte DirecTV podrá brindar internet por satélite, algo que ya hace desde hace meses pero en condiciones legales precarias.

Es posible entonces afirmar que hay tres ganadores (Clarín-Telefónica-DirecTV), aunque todos tiene algo por reclamar. Y quienes no sigan el camino de la judicialización, mantendrán el de las presiones y lobby. O ambos. Clarín puede entrar a telefonía móvil (3G y 4G) pero con limitaciones técnicas que lo demorarán, y pasará a tener nuevos competidores en TV por cable. Telefónica (con su amenaza de litigar ante el CIADI) consiguió bastante: un período insólito de 15 años de reserva para uso exclusivo del último tramo de la red, el puente a la convergencia. Podrá también ingresar al mercado de TV paga en Córdoba, Rosario y Mendoza desde 2018. No se extendió ese plazo, pero se redujo el territorio y por ello también reclama. En tanto, DirectTV podrá brindar internet. Un dato muy significativo es que la regulación no establece límites específicos a la concentración, ni siquiera por cuotas de mercado. En esto hay acuerdo y ningún actor reclama.