Más cerca del fin, ETA deja de extorsionar a los empresarios

Bilbao - La organización separatista vasca ETA comunicó ayer el cese de las prácticas de extorsión a empresarios, conocidas como «impuesto revolucionario», en el marco del alto el fuego que declaró el 10 de enero pasado.

Cámaras empresariales de la región autónoma del País Vasco y de la vecina Navarra, en el norte de España, recibieron cartas en las que la organización terrorista les anunciaba el cese de la extorsión.

En cuatro décadas, cuarenta empresarios o ejecutivos fueron asesinados y casi cincuenta, secuestrados, muchos de los cuales representaban a empresas que no cedían a la extorsión.

José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, informó ayer de la recepción de la notificación de ETA en una conferencia de prensa en la que dijo que, desde octubre, no le consta que ningún empresario navarro haya recibido cartas reclamando la entrega de dinero a cambio de no sufrir atentados. La patronal vasca, Confebask, también informó que recibió una carta similar.

Según Sarría, la misiva llegó a la sede de la organización empresarial navarra el pasa-

do 26 de abril, dirigida a su nombre.

«En ella se nos solicitaba que pusiéramos en conocimiento de los empresarios, en particular, y de la sociedad, en general, que la exigencia del pago del impuesto revolucionario, como ellos le llaman, quedó cancelada», señaló.

La carta añade que «debe tomarse como una consecuencia del alto el fuego permanente y de carácter general en vigor».

Fuentes de la Confederación Empresarial Vasca consideraron este hecho «positivo y esperanzador», pero destacaron también la necesidad de mantener la prudencia, dados anteriores anuncios de ETA que hicieron pensar en su disolución, nunca concretados.

Enrique Portacarrero, director del Círculo de Empresarios Vascos -organismo privado que reúne a directivos de las principales empresas vascas-, afirmó en declaraciones que «hay que mantener una elemental prudencia», porque «ETA tiene muy escasa credibilidad».

También dijo que «sería muy deseable» que si la banda terrorista «quiere eliminar el chantaje a los empresarios, lo hiciera no solamente durante las elecciones».

El dirigente aludía al momento elegido por ETA para comunicar el cese de la extorsión, a menos de un mes de las elecciones municipales y regionales en España. Esos comicios no contarán, una vez más, con una expresión independentista de izquierda, pese a que un nuevo partido de ese signo, Sortu, rechazó explícitamente la violencia terrorista. La Justicia española entendió que Sortu era una expresión política del terrorismo, sucedánea de la ilegalizada Batasuna.

El Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, impugnó también ante el Tribunal Supremo las 254 candidaturas presentadas por otro sello reflotado de urgencia, Bildu, y presentó un segundo recurso sobre 16 agrupaciones locales.

Según la Fiscalía, las pruebas aportadas en los recursos demuestran que esas coaliciones electorales son un «plan B» del entono político de la organización terrorista, que en 2002 fue ilegalizado por el accionar de la Justicia y por una nueva ley de Partidos Políticos.

ETA, que buscó más de cuatro décadas por las armas la independencia del País Vasco, declaró un alto el fuego el 10 de enero tras sufrir sucesivos golpes policiales en toda su estructura, con más de 400 detenidos desde 2007 y un creciente acoso de las fuerzas de seguridad en Francia y Portugal.

En sus cinco décadas de actividad asesinó a casi 900 personas y cometió decenas de secuestros y miles de extorsiones a empresarios a través de lo que denomina «impuesto revolucionario».

Según un estudio del docente de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid Mikel Buesa, entre 1978 y 2008 ETA habría obtenido mediante el chantaje a empresarios 115 millones de euros (unos 170 millones de dólares).

Tras constatar en sus primeros años de actividad que los robos de sucursales bancarias eran demasiado arriesgados y escasamente rentables, comenzó a extorsionar a empresarios reclamándoles una cantidad de dinero bajo la amenaza de atentar contra ellos, su familia o sus bienes.

El 7 de abril de 1976 fue encontrado muerto en una ruta el director gerente de la empresa Sigma, Ángel Berazadi, secuestrado el 18 de marzo previo, y se transformó en la primera víctima por no pagar el «impuesto».

La última fue Ignacio Uría, directivo de la empresa Altuna y Uría, una de las constructoras del tren de alta velocidad en el País Vasco, que fue asesinado el 3 de diciembre de 2008.

Agencias EFE, AFP y DPA, y

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