Menú repetido con CGT, que pide fondos y paritarias sin límite

Cristina de Kirchner encabezó ayer un acto por el Día Internacional de la Mujer, tribuna que usó para defender sus medidas de gobierno.

Con dos expedientes puntuales y urgentes bajo el brazo pero sin la certeza de si podrán exponerlo frente a la Presidente, la comandancia de la CGT, encabezada por Hugo Moyano, desembarcará este mediodía en la quinta de Olivos para un asado con Cristina de Kirchner.

Expertos en deshojar la margarita, los jerarcas cegetistas -moyanistas, «gordos» e independientes- acudirán a la cita con la expectativa de un anuncio sobre los fondos de las obras sociales. El menú de siempre: los 3.500 millones de aportes que les retiene el Gobierno.

Cuando, en diciembre, visitaron la residencia la Presidente les anticipó que se pondría a analizar el tema y le pidió al ministro de Salud, Juan Manzur, un informe detallado. Ayer, en el universo gremial, suponían que aquella promesa podría corporizarse.

Diez días atrás, durante la reunión de la mesa chica la cuuestión del financiamiento de las obras sociales fue el centro de las conversaciones. Moyano dijo que elevaría el planteo al Gobierno y hoy sería la oportunidad para hacerlo públicamente.

Sin embargo, nadie se animaba ayer a afirmar que el camionero -o cualquier otro dirigente sindical- pueda, esta tarde, arrimarse al micrófono. En diciembre pasado, frente a cien jerarcas, la Presidente hizo un discurso pero no le cedió la palabra a sus huéspedes.

Apenas, antes de despedirlos, la presidente charló en un aparte con Moyano, Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio) y, entre otros, José Luis Lingieri (OSBA) y les dijo que se pondría a estudiar «en profundidad» el reclamo de los gremios sobre los fondos de las obras sociales.

Hay, sin embargo, dos factores que parecen alejar -o al menos quitarle espectacularidad- a un anuncio en ese sentido. 

Hay un factor económico, ligado a la situación fiscal que enfrenta el Gobierno y que vuelve difusa cualquier promesa del Gobierno en materia de fondos frescos, sea para obras públicas o para financiar las obras sociales. Al respecto, desde Gobierno advertían que en tanto no se instrumente un mecanismo para usar reservas para el pago de deuda y, de ese modo, liberar otros recursos del presupuesto, sería difícil que haya giros extras a los gremios. A lo sumo, especulaban ayer en uno de los gremios más grandes, podría existir el compromiso de comenzar a descontar «en cuotas y a largo plazo» parte de los 3.500 millones que reclaman las obras sociales. 

Se suma un elemento político, referido a que el mismo mecanismo que aplica con gobernadores e intendentes, para impedir que abandonen el planeta K, la Casa Rosada -entienden- está decidida a usar con los sindicatos. Ante eso, reina la duda respecto a que, aún teniendo recursos disponibles, el Gobierno podría liberarlos y girarlos a los gremios. En definitiva, interpretan los cacique sindicales, Kirchner prefiere la obediencia forzada y citan como ejemplo la situación de Luis Barrionuevo que, según denunció el gastronómico, es «discriminado» en el envío de fondos desde el APE.

Frente a ese panorama, sólo les queda esperar resignados y confiar que, al menos, la Presidente aborde el tema. Si anticipa alguna solución, los sindicalistas se darán por satisfechos sea cual sea el monto que dedica, eventualmente, girarles.

Al margen de ese punto, el otro capítulo que figura entre los reclamos de la CGT está el referido a que el Gobierno no intervenga para fijar un techo a las negociaciones paritarias que, pretenden, oscilen entre el 20 y el 25%, aunque algunos hablan de más del 30%.

Ese no es, aclaran, un número antojadizo: en la negociación salarial con los docentes, la Casa Rosada concedió un incremento de más del 22%, cifra que se convirtió ad hoc, al menos pa-ra los referentes gremiales, en el «piso» para la discusión salarial de cada sector.

Así como, en estos años, la paritaria de Camioneros fijó un «techo» a las demás discusiones, ahora la discusión docente estableció un piso. De todos modos, el Gobierno pretende que esa negociación sea una referencia y los acuerdos futuros se muevan en la banda del 20 al 25%.