Morales suspendió al jefe de la Corte. ¿Copa la Justicia?

Evo Morales, ayer, en una conferencia de prensa en el Palacio del Quemado, en La Paz.

La Paz - Bolivia se encamina a un nuevo conflicto institucional tras la suspensión del presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, a quien el gobierno de Evo Morales acusa por «retardación de Justicia». El magistrado, que denunció un intento oficial de «desmoronar» la Justicia, será juzgado por el Senado, en el que la oposición tiene mayoría, por lo que ese cuerpo podría ordenar su restitución en el cargo y generar un choque de poderes.

El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) hizo valer su mayoría en la Cámara de Diputados para suspender al juez, a quien acusa de retrasar el proceso contra el ex presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus ministros por la matanza de octubre de 2003 en La Paz, en la que murieron cerca de 60 personas.

«Han pasado seis años desde los hechos ocurridos en octubre de 2003 en El Alto donde murieron 67 personas y hasta la fecha Fernández no agilizó la demanda contra Sánchez de Lozada y sus ex ministros, permitió la fuga de Luis Alberto 'Chito' Valle y no procesó a Tonchi Marinkovic», argumentó el diputado del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), René Martínez, refiriéndose a dos ex funcionarios que emigraron a Perú y obtuvieron asilo político esta semana.

Tras la suspensión de Fernández, la jueza Beatriz Sandoval de Capobianco, miembro del tribunal desde enero de 2005, pasó a ejercer la presidencia de la Corte, con sede en Sucre, y de inmediato emitió señales de acelerar el proceso.

En su primera actuación, citó a una audiencia para el próximo lunes. «Los procesos (pendientes), que son alrededor de 7.000, se tramitarán de forma normal, todo continúa igual, incluido el juicio de responsabilidades» a Sánchez de Lozada, dijo Sandoval.

En la audiencia de la Corte se rechazó la recusación que había presentado Mirtha Quevedo, una ex ministra también asilada en Perú.

El ex mandatario Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) vive en EE.UU. y se resiste a regresar a Bolivia. Fue el impulsor de una ola de privatizaciones que Morales intenta desmantelar desde 2006. Fue destituido en un marco de altísima impopularidad.

El máximo tribunal cuenta con un ajustado quórum para resolver cuestiones judiciales con siete de sus doce miembros y tiene hasta mañana para resolver la recusación.

Otros dos magistrados del tribunal tienen denuncias en su contra. Ellos son Rosario Canedo y José Luis Baptista, cuyos casos están en consideración del Poder Legislativo, como ocurrió con Fernández. Si uno de ellos es suspendido, la Corte Suprema quedará sin quórum y, por tanto, sin capacidad para operar.

Con este escenario, el suspendido presidente de la Corte Suprema anunció ayer en Sucre que denunciará ante organismos internacionales -no precisó cuáles- el intento del Gobierno de Morales y su partido de «desmoronar» el Poder Judicial.

La Justicia boliviana está sumida en una compleja crisis. Se suman la parálisis del Tribunal Constitucional (TC), que desde hace casi dos años sólo cuenta con la magistrada Silvia Salame por la sucesiva renuncia de sus otros miembros.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura de Bolivia se encuentra sin quórum ni capacidad de decisiones y ahora queda con un solo miembro, Rodolfo Mérida, tras la suspensión del presidente de la Corte Suprema, que hasta ahora formaba parte de este órgano.

Juristas y expertos bolivianos denunciaron ayer esta situación y criticaron que el oficialismo haya «tergiversado» la potestad que tiene el Congreso Nacional sobre responsables de otros poderes.

«Se ha malinterpretado la potestad del Congreso porque lo que debería darse es una facultad política, pero no un juicio político de apartamiento de la función», dijo Bernardo Wayar, presidente del Colegio de Abogados de La Paz.

Esa facultad del Congreso «ha sido aprovechada políticamente, primero para dejarnos sin control constitucional, porque no tenemos magistrados en el TC y hoy día nos van a dejar sin control de legalidad», lamentó este jurista.

En este marco, Bolivia y Perú viven un duro cruce diplomático por la decisión del Gobierno de Alan García de otorgar asilo político a los tres ex ministros que están inculpados en diferentes procesos.

Agencias Reuters, AFP y EFE