La comunidad asegura que no liberará la zona hasta que la empresa “remedie la contaminación”.
Reclamo. La presión de las comunidades complica a las petroleras.
Los conflictos territoriales entre las petroleras y las comunidades originarias de la Cuenca Neuquina derivaron ayer en un nuevo choque, esta vez entre YPF y los mapuches Kaxipayiñ. La empresa denunció que se incumplió el acuerdo firmado el 26 de marzo por el cual se había convenido el inicio de un plan de perforación de 21 pozos en Loma La Lata y la continuidad del plan de remediación ambiental aprobado por la provincia.
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Según la empresa, "la interrupción por la fuerza de este proyecto de inversión de más de u$s80 millones pone en riesgo más de 160 puestos de empleo y genera pérdidas por más de $60 millones para la provincia, entre regalías e Ingresos Brutos". También indicó que el bloqueo del proyecto implica una pérdida de producción equivalente al consumo anual de 156 mil hogares de la provincia de Buenos Aires.
La compañía presentó un recurso de amparo a partir del cual el Juzgado Federal I dictó una medida cautelar ordenando a la comunidad que permita el desarrollo de las actividades aprobadas por la provincia. Por último, la petrolera dijo lamentar que a pesar de contar con un acuerdo firmado con la comunidad, deba acudir a la Justicia para poder operar en el área.
Por su parte, la Confederación Mapuche de Neuquén informó que las familias de la comunidad decidieron que la empresa "no ingresará" al lugar hasta que "no remedie la contaminación demostrada técnica y científicamente por más de un peritaje realizado, no sólo por la Justicia federal, sino por estudios privados realizado por la propia comunidad".
La confederación indicó que "YPF permanentemente elude esta responsabilidad y, no conforme con eso, pretende seguir su política de explotación desenfrenada y sin control estatal".
La autoridad de aplicación es el Estado neuquino, que otorga los permisos para explotar el subsuelo, pero luego la empresa debe negociar con las comunidades para instalar sus equipos en las áreas que le fueron reconocidas y que tienen la propiedad del suelo. "Hay dos comunidades reconocidas por la provincia, pero a veces las que impiden trabajar son las que no están reconocidas, que quieren subirse al pedido y obtener beneficios", dijeron a este medio funcionarios provinciales.
Quienes son parte de las mediaciones explican que es muy difícil arribar a buen puerto. "YPF nos dice que las comunidades les exigen primero sanear y después perforar, pero cuando van a hacer los trabajos de recuperación, los bloquean o les ponen condiciones como hacerlos con las empresas de ellos", aseguraron desde despachos oficiales.
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