Obama, modelo para criticar a jueces

Julio Alak

El ministro de Justicia, Julio Alak, defendió lo que entendió es el derecho que tiene la presidente de la Nación, «como ciudadana y jefa de Estado, de expresar su opinión sobre los fallos de la Justicia, así como los miembros del Poder Judicial lo hacen diariamente sobre los actos del Poder Ejecutivo». Evocó como argumento al presidente estadounidense, Barack Obama, quien «criticó, durante un discurso reciente, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y, sin embargo, no sólo nadie se escandalizó sino que el propio presidente del supremo tribunal, John Roberts, manifestó que, pese a no estar de acuerdo con el primer mandatario, cualquiera es libre de criticar a la Corte». Obama había criticado en su discurso sobre el Estado de la Nación en enero pasado un fallo del alto tribunal de su país que autorizó a empresas y sindicatos a hacer aportes de campaña en elecciones. Ese fallo cambió la jurisprudencia de EE.UU. sobre esa materia y Obama consideró que podía cambiar el mapa político de su país y lesionar la legitimidad de los representantes.

Alak consideró que el hecho de que la Presidente opine sobre la Justicia «no significa desconocer el principio republicano de división de poderes, por el cual los tres poderes, y no sólo uno, tienen el deber de respetarse, no influenciarse negativamente y funcionar en forma independiente».

«La independencia de poderes no sólo es un atributo del Poder Judicial, sino también del Poder Ejecutivo y del Legislativo, y ninguno tiene preeminencia sobre el otro», agregó.

Asimismo, destacó que «la Corte de Justicia es `suprema`, pero la Presidenta también es el Jefe Supremo de la Nación, tal como establece el artículo 99, inciso 1, de la Constitución nacional».

El ministro también criticó lo que considera «un peligroso festival de medidas cautelares contra el Estado que paralizan la aplicación de legítimas normas y frustran el interés público». Sin mencionarlo, lanzó un dardo a los jueces que han concedido en los últimos meses amparos de legisladores contra la vigencia de los polémicos DNU para uso de reservas para el pago de la deuda. Esos amparos y la presión de la oposición en el Congreso forzaron a que el Gobierno declinase esas iniciativas y haya admitido que esa autorización se discuta como una ley.

El ministro afirmó que «las medidas cautelares son un remedio extraordinario y de aplicación restrictiva, sobre todo teniendo en cuenta la presunción de legitimidad de los actos del Poder Ejecutivo. En muchas cautelares -agregó- dictadas en los últimos meses no se ha tenido en cuenta la presunción doctrinaria de legitimidad de los actos de la administración pública, como así tampoco si se está afectando con dicha medida el interés público», añadió.

La inquina del Poder Ejecutivo con los amparos no es nuevo. Fue tema de debate en la reforma constitucional de 1994 en la cual quedaron limitados, pero desde entonces esas acciones han interceptado medidas de Gobierno. El plan de ferrocarriles de la presidencia Menem quedó paralizado por un amparo del ex diputado Héctor Polino por un paso a nivel en un barrio porteño. Eso detuvo los subsidios, y las empresas modificaron los planes de obras.