Otra consecuencia del ajuste sin clemencia

Barcelona - Los catalanes que abarrotaron ayer el centro de Barcelona bajo el lema «Cataluña, una nueva nación en Europa» pertenecen a distintas sensibilidades con mayor o menor afán independentista. Sin embargo, la dura crisis económica sirve como caldo de cultivo para una población que se siente agraviada por el régimen fiscal y que protesta contra los recortes de los Gobiernos central y regional.

Con el argumento de que Cataluña aporta 16.000 millones de euros más al Gobierno central que lo que recibe -una cifra que otros analistas rebajan a 12.000 millones de euros y que es casi imposible de calcular a ciencia cierta-, el partido gobernante en la región, Convergencia i Unió (CiU), reclama a Madrid un nuevo pacto fiscal para la región más rica del país en términos de PBI per cápita y que da cuenta de la quinta parte del Producto español.

Al calor del argumento de agravio financiero que enbandera CiU, un partido nacionalista tradicionalmente moderado, se sumó Esquerra Republicana, con una postura pro independencia más radical, aglutinando distintos sentimientos de una población cansada ya de recortes.

«El pacto fiscal es el ejemplo más evidente y socialmente más transversal de esta transición nacional. Cataluña tiene suficiente energía interna para vivir mejor de lo que vive», afirmó el presidente regional, Artur Mas.

Pero el Gobierno central ha desestimado cualquier esperanza de negociación de un pacto fiscal con el que Mas pretende equiparar la gestión económica a la del País Vasco, al afirmar en numerosas ocasiones que la prioridad de España ahora es otra.

«Vamos a ver si somos capaces de fijar prioridades. España tiene 5.600.000 españoles en el paro (desocupación) y 600.000 de ellos son catalanes. Cataluña tiene graves problemas de déficit y de desempleo, y en este momento no toca el lío, la disputa y la polémica», dijo Rajoy el lunes en una entrevista a RTVE.

«Toca la unión y la colaboración. Toca crear empleo. Y lo que menos necesitamos son estas cosas. Si superamos esta situación, la Generalitat tendrá más dinero. No estamos en España para grandes algarabías», manifestó el presidente del Gobierno, que tiene prevista una reunión con el líder catalán el 20 de septiembre.

La manifestación se produjo semanas después de que la región solicitase al Gobierno central un rescate de algo más de 5.000 millones de euros ante la imposibilidad de financiarse en los mercados a tasas razonables y apenas días después de que la agencia de calificación Standard & Poors rebajase a bono basura su calificación, precisamente con el argumento del enfrentamiento con Madrid.

«Es indudable que el sentimiento nacionalista catalán es algo que está metido bastante profundo en la historia de España y que la situación económica ha provocado un auge del nacionalismo, pero casi nadie, ni en España ni en Cataluña, cree que hay una mínima posibilidad de que el pacto fiscal salga adelante», afirmó Carlos Barrera, director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad de Navarra.

Con una tasa de desempleo del 22%, por primera vez la mayoría de los 7,5 millones de catalanes estaría a favor de la independencia de España, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat.

«Es como un matrimonio, ya no se aguanta más. Lo siento, o hay un cambio radical que no creemos que lo hagan o nos vamos. Yo pienso que esta vez se acabó», declaró Jauma Turra, que trabaja como administrador municipal en un ayuntamiento y llegó a Barcelona desde la cercana localidad de Maresme.

Todos estos ingredientes marcarán la agenda política de Rajoy en los próximos meses, en una batalla que podría desembocar en la convocatoria de un adelanto electoral en Cataluña y que

podría convertirse en una suerte de referendo sobre el apetito independentista de una región donde el oficialista Partido Popular (PP) siempre ha conseguido un apoyo minoritario.

El PP catalán ve con preocupación el auge del movimiento independentista y estima que la estrategia de CiU pasa por convocar elecciones y utilizarlas como una suerte de referendo.

«Desde el propio Gobierno de CiU se está impulsando una estrategia de incrementar el independentismo. Su camino final es que el pacto fiscal sirva como excusa, cuando en Cataluña no hay una mayoría independentista», afirmó una fuente del PP regional.

La deuda de Cataluña asciende a más de 45.000 millones de euros y el Gobierno español es consciente de que la región necesita su oxígeno para cubrir sus necesidades de financiación de 5.700 millones hasta final de año. Sin embargo, un recrudecimiento de la tensión en las calles y el enrarecimiento de las relaciones podrían hacer saltar las alarmas.

En un mes y medio, el Partido Popular afronta dos importantes citas electorales en Galicia y el País Vasco que serán una piedra de toque clave para un Gobierno que ha visto su popularidad erosionada rápidamente por los recortes y subidas de impuestos tras haber logrado la mayoría absoluta en las elecciones generales hace menos de un año.

«Es parte de un juego político de años. La única diferencia es que la crisis ha cambiado los porcentajes», afirmó Antonio Barroso, analista político de la consultora Eurasia.

Los comicios vascos, fijados para el 21 de octubre, podrían arrojar una importante victoria para los partidos de corte nacionalista, lo que añadiría más presión al Partido Popular.

Agencia Reuters