"Me parece que hay muchas formas de ser cómplices de las violaciones a los derechos humanos y una de ellas es la destrucción de documentos que nos habrían permitido conocer la verdad de lo sucedido", dijo la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, en medio de una fuerte polémica.
La activista, quien hizo campaña para la llegada de Bachelet al poder este año, consideró además grave que el destino de Sinclair sea Australia.
"Es preocupante que se envíe a Sinclair a Australia, siendo él un exfuncionario de la dictadura", ahondó la defensora de los derechos humanos. "Existe una petición de extradición a Australia de Adriana Rivas, la secretaria de Manuel Contreras", el más temido de los jefes de la Policía secreta, explicó Pizarro.
Adriana Rivas, quien integró la Brigada Lautaro, está acusada del asesinato en 1976 de la cúpula del Partido Comunista chileno, agrupación que hoy integra la alianza en el poder. En virtud de los cargos, la Corte Suprema solicitó su extradición en enero.
Sinclair, según documentación revelada en 2012, eliminó en 1988 parte de las comunicaciones oficiales entre la Policía secreta del régimen militar y la Cancillería.
La operación, mantenida en reserva durante décadas, consta en el oficio secreto 03146 de abril de 1988, en el que el canciller Ricardo García informó de la destrucción de los documentos a la Central Nacional de Informaciones, principal órgano represivo del régimen que culminaría en 1990.
Sinclair, quien en aquel momento era miembro del gabinete del ministro y con el tiempo fue además jefe de Protocolo del presidente Sebastián Piñera, jamás negó o explicó los hechos.
Durante la dictadura militar (1973-1990) la Cancillería chilena operó en acciones represivas. Sus diplomáticos infiltraron y delataron a grupos de exiliados. También ejecutaron acciones de guerra psicológica, según consta en los archivos.
Numerosos diplomáticos que participaron en esas acciones siguen ocupando hoy cargos en la Cancillería chilena. Los documentos, que llevan timbres, folios y firmas oficiales, muestran incluso que las autoridades de la Cancillería conocían el detalle del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.
Los diplomáticos en esos años además sugerían a la Policía secreta qué preguntas hacer a los hombres que eran torturados en sus calabozos, algo que consta por escrito en documentos oficiales.
El Gobierno de Bachelet no detalló hasta ahora las razones del nombramiento de Sinclair, confirmado el lunes a la noche.
Durante la dictadura militar unas 38.000 personas fueron torturadas, desaparecidas o ejecutadas, según informes oficiales emitidos en democracia.
Éste no es el primer nombramiento polémico de la mandataria socialista. Tres días antes de su asunción en marzo, debió aceptar la renuncia de Carolina Echeverría, elegida como subsecretaria de Defensa, que había sido señalada por defensores de los derechos humanos por los lazos de su padre con casos de represión ilegal.
Antes de eso, debió ceder con el nombramiento de la economista Claudia Peirano como subsecretaria de Educación, debido a declaraciones en las que no había apoyado la gratuidad en el sistema y por supuestos conflictos de interés.
Anteriormente, la presidenta también debió desprenderse de otros dos subsecretarios designados: Hugo Lara (Agricultura), por haber enfrentado querellas por delitos económicos, y Miguel Moreno (Bienes Nacionales), condenado por molestar sexualmente a una mujer en el subte.
| Agencia DPA y Ámbito Financiero |
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