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Oyarbide apura el juicio a Zanola
El magistrado avanzó en la recolección de pruebas orientadas a confirmar la existencia de una presunta asociación ilícita destinada a comercializar medicamentos de manera irregular, integrada por Zanola y algunos de sus principales colaboradores. También, al cobro de subsidios y reintegros estatales a través de expedientes manipulados. Esta semana y durante mayo tomará las últimas declaraciones indagatorias pendientes.
La megacausa 7.975/06, caratulada «Delito de acción pública», generó cerca de medio centenar de sumarios conexos con decenas de detenidos y procesados entre sindicalistas, directivos de obras sociales, funcionarios y ex agentes de la administración pública y empresarios del rubro sanitario.
Junto con el expediente principal, Oyarbide prevé mandar a juicio oral uno de sus desprendimientos: la causa 1.787/07, «Lorenzo, Néstor Osvaldo y otro sobre tráfico de mercaderías para la salud». Se trata de la que mantiene en prisión desde hace más de un año a Lorenzo, el dueño de la droguería San Javier y principal proveedor de la Obra Social Bancaria (OSBA).
La remisión al debate oral estará atada al resultado de las apelaciones de los procesados ante la Cámara Federal. En tanto que mantendrá en etapa de instrucción decenas de causas, como la que investiga supuestas maniobras de lavado de dinero y que tiene como procesados al ex recaudador de la campaña del Frente para la Victoria -y ex superintendente de Servicios de Salud- Héctor Capaccioli y a dos de sus entonces subordinados, Hernán Diez y Sebastián Gramajo, ambos aún funcionarios.
Además de Zanola, permanecen detenidos en la causa principal su mujer y directiva del Policlínico Bancario, Paula Aballay, y Susana Fionna, también con un cargo alto en esa entidad de salud. Mientras que entre los procesados se encuentran Jorge David Fainstein, ex director médico del Policlínico y el ex tesorero Claudio Ferrari, así como Héctor Chiavaroli, que ocupaba otro cargo alto en ese establecimiento, y Juan Rinaldi, quien reemplazó a Capaccioli en la Superintendencia. En la causa de Lorenzo también está detenido uno de sus ex socios en San Javier, Carlos Torres.
La elevación a juicio tiene dos razones cronológicas: por un lado, la necesidad de Oyarbide de eludir una nueva reprimenda de sus superiores de la Cámara Federal. En diversas ocasiones le endilgaron desorden y falta de una «eficaz dirección» en el curso de la investigación. Y también, que en diciembre se cumplirán dos años de la prisión preventiva dictada en contra de Zanola, así como de Aballay y Fionna, plazo máximo estipulado para los encarcelamientos en la etapa de instrucción de un sumario.

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