Paramilitares de Colombia confesaron 30.470 asesinatos

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Bogotá - Los paramilitares de Colombia confesaron haber cometido 30.470 homicidios, una cifra que causó estupor en el país y que fue informada por la Fiscalía General. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) confesaron sus crímenes en el marco de un proceso de desmovilización acordado con el Gobierno de Álvaro Uribe, y se estima que la cifra de asesinatos podría ascender a 120.000.

Según un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, unos 4.112 ex miembros de las AUC (AUC) aseguraron haber perpetrado 30.470 homicidios en 20 años, entre mediados de los ochenta y su desmovilización, a partir de 2003.

«Yo creo que estamos llegando al primer cuarto» de un total de 120.000 explicó Luis González León, funcionario de la Fiscalía General. Las autoridades gubernamentales declararon estar verificando la información y hasta el momento validaron denuncias sobre 11.797 crímenes.

Algunos paramilitares, como Jorge Iván Laverde, alias «El Iguano», confesaron que él o sus hombres fueron los autores de más de 2.000 homicidios. También está el caso de alias «Tolemaida», un paramilitar recientemente deportado de Venezuela a quien la Fiscalía lo responsabiliza de ser el autor de más de 1.000 asesinatos.

Paralelamente, las fuerzas de seguridad detuvieron a Arnolfo Santamaría Galindo, un ex comandante que nunca había entregado las armas y que está acusado de unos 2.500 asesinatos.

Una ley promovida por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe fija una pena máxima de ocho años de prisión para los paramilitares que se sometieron a la Justicia, confesaron sus crímenes y acepten reparar a sus víctimas.

Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido revelaciones que dan cuenta de 1.085 masacres, 1.437 reclutamientos de menores, 2.520 desapariciones forzadas, 2.326 desplazamientos forzados y 1.642 extorsiones, además de 1.033 secuestros, según el informe.

«El país debe horrorizarse con la revelación de un número tan grande de asesinatos sistemáticos, pero lo triste es que ese aproximado puede estar por debajo de la realidad. Según denuncias que hemos podido recoger, las víctimas superan con creces esa cifra», según el analista Álvaro Villarraga.

«Estas confesiones constatan la crisis humanitaria generalizada que aún vive nuestro país a causa del conflicto», enfatizó Villarraga, ex miembro de la desmovilizada guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y quien dirige en la actualidad la Fundación Cultura Democrática.

A su turno, Eduardo Pizarro, presidente de la estatal Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) indicó que si bien la cifra de víctimas es «alarmante», es «gracias a la política de desmovilización que se está llegando a la verdad».

«La cifra de homicidios es alta como también los avances de la ley de Justicia y Paz cuando uno ve indicadores como el número de versiones libres recibidas o el de crímenes confesados. Colombia se hubiese gastado décadas en comprobar la responsabilidad en delitos que ahora confesaron», señaló.

La Ley de Justicia y Paz brinda beneficios jurídicos a los paramilitares de las AUC -enemigos acérrimos de la guerrilla- que se desmovilizaron entre 2003 y 2006. Unos 32.000 paramilitares dejaron las armas en ese proceso, incluidos sus jefes máximos, aunque organismos de derechos humanos denunciaron que una cifra indeterminada de mandos medios se marginaron de ese plan y actúan en bandas criminales al servicio del narcotráfico.

En particular, la ONG Human Rights Watch denunció graves violaciones de DD.HH. por parte de grupos «herederos de los paramilitares» en Colombia y consideró que hubo «fraude» en su desmovilización.

En mayo de 2008, el Gobierno de Uribe decidió extraditar hacia Estados Unidos a trece de los desmovilizados jefes de las AUC tras acusarlos de seguir actuando desde prisión, con delitos relacionados con el narcotráfico, y alegando que no estaban confesando sus crímenes.

Esas extradiciones generaron una fuerte polémica interna ya que los tratados no contemplan que esos líderes continúen rindiendo declaraciones sobre los delitos de lesa humanidad sino que se limitan a los cargos de narcotráfico. Subyacen vínculos comprobados judicialmente del entorno más próximo de uribismo con los paramilitares, aunque los defensores del popular mandatario argumentan que los procesos demuestran la independencia de poderes y la convicción del presidente de investigar lo ocurrido.

Agencias AFP y DPA

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