Pelea con destino incierto en la Corte

Juan Manzur y José Cano

Tucumán - El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que anuló las elecciones provinciales activó un sendero en el que tanto oficialismo como oposición ya adelantaron que seguirán hasta las últimas instancias. Así, el último lugar de batalla para saber si los comicios serán anulados o avalados será la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, en los pasos previos para llegar al máximo tribunal de Justicia de la Argentina también habrá disputa entre el Frente para la Victoria (FpV) y el opositor Acuerdo para el Bicentenario.

La judicialización se inició tras la denuncia por diversas irregularidades y supuesto fraude planteada por ApB, de la mano del ticket a gobernador y vice conformado por el diputado nacional radical José Cano y el intendente capitalino Domingo Amaya, respectivamente, quienes pidieron anular las elecciones.

El primer recurso fue presentado en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que fue la que activó un amparo para que no se proclamara un ganador una vez finalizado el escrutinio definitivo. Ese conteo de votos volvió a dar como vencedor al postulante del FpV y actual vicegobernador, Juan Manzur (FpV), por casi 12 puntos porcentuales de diferencia sobre Cano.

A partir de la anulación o no de los comicios, el sendero hacia la Corte Suprema de Justicia nacional seguiría de esta manera:

•Ahora el oficialismo tucumano irá al Tribunal Superior de Justicia de Tucumán, aunque ya antes de conocer la decisión de la Cámara podría haber utilizado la vía del per saltum. El oficialismo procura en esa instancia tener un fallo a favor y llegar oxigenado a la Corte Suprema nacional.

•Será fundamental saber, en caso de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si el expediente para anular los comicios llega o no con efecto suspensivo.

•Si la Corte nacional no emite un fallo de fondo y aún no hay declarado un gobernador electo para el 29 de octubre próximo, debería aplicarse la intervención federal ya que Tucumán reformó su Constitución hace menos de diez años pero nunca actualizó su ley de acefalía.

Es complejo que la Corte acepte el caso ya que para motivar la intervención del máximo tribunal es preciso que se registre una situación de riesgo en materia del cumplimiento de la voluntad popular. Algo complejo de justificar si se detecta que no existe una sola mesa impugnada.