Pobreza, economía negra y redistribución

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Muchos países latinoamericanos se caracterizan por aceptar un alto grado de informalidad en sus economías. Se acepta con naturalidad que, saliendo de ciertos barrios de poder adquisitivo medio a alto, los negocios evaden IVA y Ganancias no entregando factura y empleando trabajo en negro. La informalidad no es un atributo exclusivamente argentino, donde La Salada sería un caso emblemático, ya que es endémica a toda América Latina. En el extremo se toleran robos y otras formas de criminalidad.

¿Por qué es tan común esto? Porque es la respuesta deliberada del sistema político para redistribuir riqueza. Las economías latinoamericanas, con escasas excepciones, tienen dos propiedades en común: 1) Estados crónicamente ineficientes y 2) una pésima distribución de la riqueza.

La mala distribución de la riqueza genera una fuerte demanda redistributiva. Naturalmente, esa demanda encuentra oferta política. La solución normal es cobrar impuestos y canalizar parte de ese dinero eficientemente hacia los más pobres. Para hacer esto se requiere de un Estado eficiente, pero esto no se da en América Latina. ¿Entonces qué se hace? ¿Cómo responde el sistema político ante la demanda por redistribución, combinada con inoperancia estatal para prestar servicios sociales? Responde reduciendo el costo de funcionamiento de los más pobres, aceptando la informalidad impositiva, laboral y la violación de derechos de propiedad.

Quejas

Es muy común escuchar a la clase media quejarse amargamente ante esta situación, pero, ¿qué puede hacer un político para satisfacer la gran demanda social por redistribución? Si presiona para exigir un alto nivel de servicio en el sector público en pos del bien común, los sindicatos le paran el país y las estructuras políticas se desfinancian. Ya que no puede redistribuir de manera directa, termina aceptando ciertas ilegalidades que por lo menos les reducen el costo de funcionamiento a los más pobres, y al menos en el corto plazo reducen la desigualdad.

La consecuencia directa es que en los países latinoamericanos conviven dos economías en paralelo. Una, informal, con una tasa impositiva efectiva mucho menor que la media del mundo. La otra, formal, con una tasa real superior a la media del mundo.

Pero la decisión privada de invertir depende de la rentabilidad del inversor después de pagar impuestos. Si éste estima que ganará dinero, invertirá; si no, no lo hará. Sin embargo, una proporción muy importante del valor total generado por las inversiones son precisamente los impuestos. Al funcionar la economía formal con tasas impositivas reales altas, se desincentiva la inversión. Pero tal vez más importante es que al funcionar la economía informal con tasas impositivas reales mucho más bajas que las de los países ricos, el inversor informal privado invertirá en proyectos que le generen dinero a él, aunque generen un valor total agregado muy bajo.

La economía informal latinoamericana, la conformada por empresas que pagan menos de la mitad de los impuestos que deberían pagar de acuerdo con la ley escrita, emplea a más del 50% de los trabajadores del sector privado.

Presión

En el Presupuesto 2010 se estima que la presión tributaria será cercana al 30% del PBI en la Argentina. Para lograr que la inversión promedio supere en valor agregado a la de los países ricos, el sector formal debe ser extraordinariamente más eficiente que el de estos países. A menos que la casualidad siga manteniendo el

valor de nuestras exportaciones extraordinariamente alto, semejante eficiencia no es sustentable.

En el largo plazo es de esperar entonces un crecimiento más bajo que el del Primer Mundo. Independientemente del nivel absoluto de riqueza, que en general crece con el tiempo en todo el mundo, en cualquier momento dado del tiempo los países relativamente más pobres suelen tener las peores distribuciones de la riqueza. Entonces, lo que en el corto plazo parece ayudar, a la larga condena.

En el largo plazo, por difícil que sea, la única manera sustentable de redistribuir la riqueza es mejorar la eficiencia del sector público, reducir la informalidad y desahogar al sector privado formal.

(*) Director del MBA, UCEMA.

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