El Gobierno de Nicolás Maduro justificó el despliegue de más de mil agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para desalojar en plena noche cuatro campamentos de protesta en Caracas -el más nutrido frente a las oficinas de la ONU- donde dicen se albergaban grupos que preparaban "actos terroristas".
"Se tenía evidencias de que de esos sitios estaban saliendo los grupos más violentos a cometer hechos terroristas: incendiar patrullas de la Policía, enfrentarse con bombas molotov y con armas a los cuerpos de seguridad", dijo el ministro de Interior, general Miguel Rodríguez Torres.
El Gobierno ha descalificado a las protestas iniciadas en febrero, al definirlas como un "intento de golpe de Estado" a cargo de grupos de la "oposición fascista" con apoyo de Estados Unidos y Colombia.
En los operativos fueron "incautadas drogas, armas, explosivos, morteros, granadas lacrimógenas y todo lo que utilizan a diario para enfrentar a los cuerpos de seguridad", afirmó el ministro, quien fue jefe de los servicios de inteligencia. Sin embargo, algunos de los detenidos denunciaron que esos objetos les fueron "plantados" por las autoridades. Al cierre de esta edición, un policía murió cuando dispersaba las protestas, y otros dos resultaron heridos de gravedad.
La redada ocurrió pocas horas después de que el Gobierno anunciara la postergación para la semana siguiente de una nueva reunión del escabroso diálogo de pacificación -al cual solamente aceptó asistir el sector moderado de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática, MUD- y que permanece sin pistas de avances concretos luego de un mes.
En ese marco, una fuente del Vaticano anunció que el cardenal italiano Pietro Parolin, número dos de la Santa Sede, viajará "próximamente" a Venezuela para participar del diálogo, aunque no fue confirmado de forma oficial. La mediación del Vaticano es uno de los requisitos de la oposición para sentarse en la mesa negociadora. Debido a los vaivenes en el humor de la política local, el Vaticano optó por observar la marcha de los primeros encuentros para luego decidir por su participación.
La redada fue repudiada por el líder opositor Henrique Capriles. "Esta madrugada ocurrieron unos hechos que tenemos que condenar. Llevarse a estudiantes detenidos no está bien. Quien actúa en la oscuridad sabe que algo sucio está perpetrando", denunció.
Estos campamentos eran la cara visible de los últimos restos de las protestas iniciadas en febrero y que dejaron, según cifras actualizadas ayer por la Fiscalía, 41 muertos, 800 heridos y casi 150 casos investigados de abusos policiales. "Actúan a las tres de la mañana en una emboscada clara a nuestros compañeros. Tendrán que preparar celdas más grandes, los estudiantes seguiremos luchando por nuestros derechos", prometió el líder estudiantil Juan Requesens. Las protestas fueron motorizadas por la violencia criminal fuera de control, la inflación y la escasez de alimentos y otros bienes.
En tanto ayer fue suspendida la audiencia judicial que debía decidir el eventual enjuiciamiento del opositor radical Leopoldo López, detenido desde febrero en una cárcel militar. El dirigente está acusado por los incidentes violentos que se produjeron al término de una manifestación pacífica el 12 de febrero por el que murieron tres personas. López le dio el rostro político a las manifestaciones, que al principio habían sido convocadas por universitarios, las llamó "La salida" y evocó a las multitudes a forzar la caída del Gobierno. "Hoy la Justicia injusta se escondió. ¿A qué le temen? ¿A la verdad? Saben que debo salir en libertad", declaró el encarcelado dirigente en Twitter.
| Agencias AFP, EFE, ANSA, DPA y Reuters, y Ámbito Financiero |
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