Las defensas de Carlos Zannini y Luis D’Elía fueron las primeras en presentarse. Héctor Timerman hizo lo propio en contra de la decisión de dictarle prisión domiciliaria alegando que necesita movilizarse para su tratamiento médico.
La primera tanda de apelaciones al fallo del juez Claudio Bonadio que ordenó prisiones preventivas a los procesados por la firma del Memorándum con Irán quedó presentada ayer a primera hora por parte de las defensas de Carlos Zannini y de Luis D´Elía, el primero en recibir un revés del magistrado. En tanto, el excanciller Héctor Timerman también radicó un planteo contra la disposición de prisión domiciliaria en su contra, alegando que en su estado de salud, se le impediría continuar con un tratamiento médico adecuado. La fiscalía que encabeza Eduardo Taiano se opuso a su excarcelación, pero recomendó que se le brinde acceso a centros médicos donde internarse. La concesión de una suerte de prisión morigerada será confirmada en las próximas horas por la Justicia. El resto de las decisiones correrán por cuenta de la Sala II de la Cámara Federal, cuya decisión podría incluir la recomendación de que se insista en la declaración del ex secretario general de Interpol Ronald Noble.
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La defensa del ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, pidió a la Cámara Federal que revoque el procesamiento y prisión preventiva dictada por Bonadio en la causa por encubrimiento a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA y por el delito de traición a la Patria. Calificó de "fantasiosa" la imputación. En la apelación, que deberá resolver la sala integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, Zannini calificó de "irracional" la decisión de Bonadio y destacó la "arbitrariedad" del procesamiento. En un escrito presentado por el abogado Mariano Fragueiro Frías, se cuestionó la falta de pruebas que vinculen a Zannini con las maniobras investigadas, la falta de fundamentaciones y requirió que se le otorgue al recurso el carácter de "preferente despacho", elevando el caso "inmediatamente" a la Cámara para que resuelva.
La presentación advierte que no se le hicieron saber a Zannini las pruebas que existían particularmente en su contra. Se trata de menciones de Timerman donde aseguró que los asuntos referidos al Memorándum debían ser consultados con él o con Zannini. La defensa sostuvo que se trata de un "proceso judicial anómalo, viciado por una manifiesta arbitrariedad". Calificó de "nulo" el procesamiento. También apeló el embargo de $50 millones dispuesto por el juez. El letrado explicó a la largo de la presentación porque el atentado contra la AMIA no puede ser considerado como un acto de guerra, y que por lo tanto no corresponde la calificación de traición a la patria.
Taiano se pronunció en contra de excarcelar a Timerman, aunque pidió que se le garantice la salida de su domicilio para el tratamiento que está realizando, incluso con la posibilidad de viajar al exterior. La defensa había solicitado la excarcelación, pero el fiscal consideró que la misma no es procedente ante los riesgos procesales argumentados por Bonadio y la gravedad de los delitos. Bonadio resolverá en las próximas horas y lo más probable es que se remita a las recomendaciones del fiscal. En tanto, D´Elía ya está en la Cámara, porque el magistrado rechazó el viernes mismo el pedido de excarcelación planteado por la defensa. Por eso, la apelación se encuentra un paso adelante que la del resto, que tiene tiempo hasta mañana para cuestionar la decisión del magistrado conocida el jueves pasado.
Los ojos se posarán ahora en Irurzun y Farah sobre cómo seguirá el caso. El primero fue el autor del fallo contra Julio De Vido que se convirtió en una suerte de "doctrina" que se aplicó para definir la prisión de otros exfuncionarios ante los lazos residuales de poder. En sí no se trata de una doctrina (porque la Cámara no se reunió en pleno para definirla) sino de un antecedente que no tiene obligación de aplicarse pero que los jueces Bonadio y Lijo, utilizaron como argumento para definir un ramillete de prisiones preventivas. Farah, en tanto, tuvo un doble rol: fue uno de los jueces que se había inclinado por la inconstitucionalidad del Pacto con Irán y aseguró que la Argentina había extralimitado sus funciones al firmarlo e invadido las del juez de la causa AMIA. Sin embargo, allí no se había detallado un delito, cuando con Jorge Ballestero anularon la viabilidad del acuerdo. Más tarde, el camarista se había inclinado por investigar la denuncia de Alberto Nisman. "La hipótesis de la fiscalía, analizada en forma global y no fragmentada, cumple con el requisito mínimo de verosimilitud y es susceptible de ser investigada", sostuvo en 2015, lo que ahora podría repetirse en la confirmación de los procesamientos. El interrogante es si pondrá esto un límite sobre los encarcelamientos.
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