La validez de la resolución para "declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república", que se proclamaría en 2017, se antoja efímera ante la anunciada impugnación del Gobierno español del conservador Mariano Rajoy.
"La inmediatez en la actuación del Gobierno será absoluta, esa misma semana se enviará el recurso al Tribunal Constitucional", advirtió su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Su aceptación a trámite por esa corte implicaría la suspensión automática de la resolución. El veredicto final se conocería más tarde, pero esta semana los magistrados ya dejaron entrever que, de aprobarse, sería anulada.
El movimiento de Rajoy cuenta con el beneplácito del partido socialista PSOE y del centroliberal Ciudadanos. Sólo el partido de izquierda Podemos se desmarcó, defendiendo un referéndum de autodeterminación para resolver este conflicto que marcará la campaña y la próxima legislatura.
Sin embargo, una suspensión no frenará el ímpetu independentista. "El contenido de la resolución se aplicará independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional. Tenemos fuerza y legitimidad, aunque el Estado español se resista", afirmó el diputado de Juntos por el Sí, Pere Aragonés.
En la misma resolución afirman que "no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional".
Además, reclaman la inmediata tramitación de las leyes para crear una administración tributaria independiente y redactar la constitución del nuevo país que debería aprobarse en referéndum en 2017, fecha en que proclamarían la independencia.
Ante tal desafío, inaudito en la democracia española, el gobierno español aprobó recientemente una reforma del alto tribunal que le permitiría inhabilitar a aquellos dirigentes que desobedezcan sus sentencias.
Además, plantea desde hace semanas la posibilidad de suspender la autonomía catalana y, recientemente, el ministro de Hacienda amenazó con cortar la financiación al gobierno regional, que acaba de pedir 2.300 millones de euros de liquidez para afrontar pagos pendientes.
la declaración culmina una escalada que comenzó en 2010, cuando el Tribunal Constitucional recortó ampliamente las competencias adquiridas por Cataluña en un estatuto regional aprobado en 2006, frustrando las aspiraciones de un mayor autogobierno dentro de España.
"El referéndum era la herramienta ideal, pero el Gobierno español lo impidió. No nos queda otra vía que la unilateralidad", señaló el diputado de la CUP, Albert Botran.
Para la oposición se trata de un proceso ilegal que no tiene en cuenta al 52% de votantes que no apoyaron la secesión en los comicios del 27 de septiembre.
"Todo está siendo inconstitucional, ilegal y antidemocrático, porque mienten diciendo que la mayoría del pueblo de Cataluña apoya una desconexión", aseguró Albert Rivera, líder nacional de Ciudadanos, partido que lidera la oposición en Cataluña.
| Agencia AFP |
Dejá tu comentario