- ámbito
- Edición Impresa
Reabren causa cinematográfica
Se trata del caso del inciso “3-J” del Incaa, que otorgaba subsidios de manera discrecional, a la manera de los gastos reservados del Estado, y que en 2007 fue resistido por la asociación de directores de cine (DAC).
Claudio Bonadio
La citación incluye a Gabriel Mariotto, exvicegobernador bonaerense y extitular del AFSCA, y a Daniel Filmus, exministro de Educación. La lista del juez también comprende a varias productoras que recibieron subsidios para realizar las películas, así como al senador nacional Fernando Pino Solanas, el diputado nacional porteño Julio Raffo, los empresarios Diego Guebel, Fernando Sokolowicz e integrantes de la productora del director Juan José Campanella.
La causa se había iniciado en 2007 cuando la asociación Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), con Carlos Galletini a la cabeza, cuestionó los subsidios otorgados mediante un inciso que se hizo famoso, el "3-J", que los otorgaba de forma discrecional, a la manera de los gastos reservados del Estado, y cuyo generoso otorgamiento nadie era capaz de justificar. La DAC, sin embargo, aclaró ayer a través de su encargado de prensa, el cineasta Julio Ludueña, que la asociación no se había presentado ante la Justicia. "La DAC tuvo una actitud crítica sobre el abuso del recurso conocido como 'Terceros J', que para nosotros se estaba usando en una cantidad que afectaba la realización de otros proyectos, pero jamás llevamos el asunto a los estrados judiciales", señaló.
El grupo Aleph, cuyo socio es Sokolowicz, que recibió subsidios para 46 películas, entre ellas "Néstor Kirchner, la película", es otro de los citados, al igual que el sindicalista Andrés Rodríguez y rectores de universidades públicas que fueron beneficiados con subsidios para proyectos fílmicos, entre ellos el de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Aníbal Jozami, y la de Lanús, Ana Jaramillo. Una pericia contable encargada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió sobre la falta de "transparencia" en las rendiciones por parte de los beneficiarios e irregularidades en control de 189 subsidios directos que financiaban entre el 40 y el 60 por ciento del costo de un rodaje.
La expresidenta del Incaa y actual diputada nacional por el Frente para la Victoria, Liliana Mazure, dijo ayer que el "formato de entrega de subsidios" durante su gestión "se realizó en forma absolutamente legal" y consideró que el llamado a prestar declaración indagatoria representa "sólo golpes de efectos, golpes de prensa".
Por su parte, Pino Solanas anticipó que presentará hoy un escrito ante el juez Bonadio, señalando que se trata de "una operación que pretende ensuciarme. Me resulta lamentable toda esta operación ya que he sido auditado exhaustivamente y cuento con toda la documentación necesaria firmada por peritos del cuerpo de contadores de la Justicia Nacional sobre la percepción de subsidios para la producción de mis películas 'Argentina Latente' y 'La Próxima Estación'", dijo Solanas en un comunicado.
Agregó que "las pericias, que fueron elevadas al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº11 a cargo del doctor Claudio Bonadio en marzo de 2010, acreditaron que los fondos suministrados por el Incaa fueron empleados exclusivamente para la producción de las películas mencionadas. Soy el director de cine que proporcionalmente recibió menos subsidios del Incaa y el más auditado de todos. Me revisaron hasta los boletos del colectivo. Me han mezclado con quienes recibieron subsidios y nunca terminaron sus proyectos cuando yo los utilicé para hacer "La Próxima Estación" y "Argentina Latente", dos films que recibieron reconocimiento internacional", afirmó. "Me llama la atención esta operación montada sobre una falsa información para manchar mi trayectoria al servicio de la ética pública y la defensa de los intereses nacionales".
El inciso 3-J se puso en funcionamiento durante la gestión de Jorge Coscia al frente del Incaa, con Jorge Álvarez como vicepresidente y luego su sucesor cuando aquél asumió como diputado nacional (la relación entre ambos funcionarios se volvió tensa cuando Álvarez manifestó, ante los ataques de DAC, no haber avalado todos los subsidios otorgados mediante este régimen). El 5 de marzo de 2008, pocos días antes de que Álvarez se viera obligado a renunciar (lo sucedió Liliana Mazure), en el Incaa se realizó una requisa policial por orden del juez Claudio Bonadío, quien se presentó en persona reclamando dos expedientes relativos a esos subsidios especiales, en el trámite de una denuncia iniciada por el cineasta Eduardo Montes Bradley, que hoy reside en los Estados Unidos.
Alvarez debió enfrentar una campaña de denuncias de DAC, SICA (Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina) y SUTEP (Sindicato Unido de Trabajadores del Espectáculo Público), que le enrostraban diversos cargos de derroche, ineficiencia, y desatención a sus pedidos. La ONG SOS Discriminación Internacional, dirigida por el cineasta Víctor Ramos, ex titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), fue también acusada por la DAC. Según la entidad de directores (en su boletín número 69), Ramos había recibido del Incaa casi $ 4.400.000 para hacer ocho documentales mediante los «Terceros jota», siendo la suya, decía la DAC, «una institución totalmente desconocida para el medio cinematográfico».
En respuesta, Ramos enumeró los documentales de su entidad sobre la violencia en el fútbol, las comunidades boliviana, indígena y china, los homosexuales, el sida, etc., para su difusión gratuita en escuelas, y contraatacó mencionando que «una empresa que sí es 'conocida para el medio cinematográfico' (para ustedes) y de la que la DAC no habla, participó en 67 coproducciones del artículo 3J, que implican más de 30 por ciento del total aprobado por el Incaa, y en 70% de los casos (52 películas) cobraron íntegramente el aporte del Instituto sin realizar la obra audiovisual subsidiada».
Dejá tu comentario