Mientras que la Oficina de Captación de Comunicaciones y el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo sincronizaron respuestas al pedido de informes formulado el miércoles por la Corte Suprema ante la filtración mediática de escuchas judiciales que tuvieron como protagonista a Oscar Parrilli y a Cristina de Kirchner, el camarista Martín Irurzun rechazó apartarse de la revisión del procesamiento del extitular de la AFI durante el kirchnerismo.
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La oficina encargada de las escuchas negó haber sido responsable de las filtraciones. Describió el procedimiento general, los parámetros de confidencialidad y las actuaciones que llevaron adelante en el caso que investigó el posible encubrimiento por parte de Parrilli de Ibar Esteban Pérez Corradi."Se ajustó a los procedimientos habituales establecidos en los reglamentos protocolos de actuación correspondientes", indicó el informe firmado por Irurzun y por el camarista Javier Leal de Ibarra, encargados del monitoreo de las escuchas desde que las traspasaran al Poder Judicial. "No se registraron anomalías en el trámite", señalaron al afirmar que todas las instrucciones de escucha fueron dadas por Lijo. Pero todos los discos fueron entregados a "personal autorizado" de la AFI. De todas maneras, puntualizaron que se abrió un expediente interno con la nómina de los espías (reservada) que tuvieron contacto con el material. La ex SIDE es el único interrogante que aún queda por despejar. Por el lado de Lijo, también hubo un deslinde de responsabilidad, y le recordó a la Corte que él mismo había ido a la Justicia a denunciar la posible comisión de un delito por las filtraciones. "Corresponde aclarar que la copia del material en cuestión fue realizada en las máquinas de esta dependencia por un secretario y un prosecretario de este Tribunal quienes, al momento en que terminaban las copias de cada disco, procedían a la reserva del material en cuestión", indicó el informe del juez que agregó que el material se reservaba en la caja fuerte del juzgado.
"Al día de la fecha, no existe en el expediente ningún planteo de las partes respecto de la validez de las intervenciones telefónicas practicadas", enfatizó Lijo para desentenderse de la denuncia pública de Parrilli por espionaje político.
La Corte debió activar un pedido de informes en el marco del deber de "transparencia y confidencialidad" que rodea la intervención telefónica. La expeditiva respuesta, casi 24 horas después de que se produjera el pedido, deja ahora del lado del máximo tribunal una nueva respuesta que se sumará a lo que pueda surgir de las causas penales en curso.
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