Se extiende pelea por la promoción industrial

Fabiana Ríos

Comenzó a escribirse un nuevo capítulo de la contienda en el interior por la promoción industrial y, según advierte el Gobierno de Tierra del Fuego, ello se debe a los potenciales perjuicios que podría tener la extensión a todo el país de sus beneficios. Los que persiguen ese propósito lo justifican en nombre de la igualdad de oportunidades para todas las provincias. ¿Y los que lo rechazan? También.

En tanto, sigue sin final el capítulo que puso en marcha La Pampa con una presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Motivada por el éxito que Mendoza tuvo en su cruzada por arrancarle a la Casa Rosada la incorporación de algunos de sus departamentos al régimen de promoción industrial, el gobernador pampeano, Oscar Jorge, elevó al Máximo Tribunal una acción declarativa de inconstitucionalidad del decreto presidencial 699 de mayo de este año.

Mientras crece la pelea en nombre del federalismo, subrayado en más de una oportunidad por Cristina de Kirchner para hablar de su gestión, se hace más evidente que todavía hay un largo debate pendiente sobre el tema. En lo que compete especialmente a la promoción industrial, algunos senadores representantes de las provincias involucradas o que decidieron involucrarse tomaron la posta en el Congreso de la Nación para ensayar algunas alternativas.

Apenas empezó a dar los primeros pasos en el recinto la propuesta la senadora mendocina de la UCR Laura Montero, que pretende crear un nuevo régimen de promoción industrial que tenga

alcance a nivel nacional, la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, puso el grito en el cielo. «Vamos a defender el régimen promocional de nuestra provincia y a sus puestos de trabajo con toda nuestra energía. Quienes proponen leyes no pueden desconocer las implicancias que esos proyectos puedan tener sobre las poblaciones directamente afectadas», disparó la ex arista, quien también expresó su inquietud a la ministra

de Industria de la Nación, Débora Giorgi, y se reunió el fin de semana con representantes de la Unión Obrera Metalúrgica y el gremio de trabajadores textiles, que declararon un estado de «alerta y movilización».

El brote de la contienda responde y pretende parar la iniciativa de la legisladora cobista -avalada por sus pares, el titular del radicalismo, Ernesto Sanz, y el jefe de la bancada, Gerardo Morales- que, según advierten desde la gestión fueguina, dejará sin efecto la Ley 19.640, un beneficio impositivo considerado fundamental para la economía del distrito austral.

Montero, por su parte, intentó ponerle paños fríos a la discusión y explicó que el borrador en el cual se trabaja en la Comisión de Economía del Senado no traería peligros a los actuales beneficios con los que cuenta Tierra del Fuego. Además, indicó que se busca una «equidad» y que no se derogue ningún régimen de promoción fiscal que se encuentre en vigencia en la actualidad. «Esto es para que las empresas que actualmente están gozando de un tipo de promoción puedan optar por uno o por otro», detalló la legisladora y agregó que la idea que hasta el momento tiene más consenso es la que implica «distribuir un cupo a nivel nacional que es entre el 1,5% y el 3% de la recaudación por región, y luego cada región entre sus provincias y las autoridades nacionales serían las autoridades de aplicación».

Sin embargo, la explicación de Montero no aplacó las sospechas y el ministro de Economía de la administración de Ríos, Rubén Bahntje, apuntó a los «lobbies permanentes que existen en contra de la industria fueguina». «Buscan generar expectativas provincias con mayor caudal electoral que en Tierra del Fuego, lo que demuestra lo poco que les importamos a los autores del proyecto los habitantes de nuestra provincia», disparó el titular de la cartera fueguina.

La novela comenzó en mayo con la firma de la Presidente de la prórroga por 15 años de la promoción industrial para cuatro provincias: Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis. Apelando a la cercanía y a las características regionales, Mendoza se sintió perjudicada, protestó ante la Justicia nacional y, luego de meses de tironeo, logró que la Nación la incluya en el régimen. Lejos de terminar ahí esta historia, nuevos ribetes aparecen y los flamantes beneficios siguen sin llegar a destino.