Senado aprobó cambio de domicilio de pago a bonistas

La sesión del Senado arrancó ayer con otro pedido de la oposición para una licencia de Amado Boudou, tema capitaneado por el radical Gerardo Morales. Ernesto Sanz pidió calmar los ánimos. Miguel Pichetto intentó que su bloque no siguiera el juego de los bloques opositores. Fernando Pino Solanas participó de ese debate y más tarde también en el del proyecto sobre cambio del domicilio de pago a bonistas que entraron al canje.

El largo debate ayer en el Senado del proyecto que modifica el domicilio de pago a los bonistas con un nuevo canje incluido aprobado ayer terminó demostrando que es altamente improbable que esa norma alguna vez tenga aplicación práctica para solucionar el conflicto que generó la sentencia del juez Thomas Griesa en el pago a los bonistas reestructurados. En casi 10 horas de discusiones la oposición repitió hasta el hartazgo que inclusive el propio Carlos Zannini en el debate en comisiones habría reconocido que no existía certeza sobre la cantidad de acreedores que aceptarán la oferta de cambiar su domicilio de pago a Buenos Aires. Gabriela Michetti fue la última en recordarlo anoche al cierre del debate. La utilidad del proyecto, entonces, se podía verificar en lo inmediato sólo en una intención de dar señales de voluntad de pago del país a los bonistas que ingresaron al canje en 2005 y 2010.

Lejos de garantizar la utilidad del proyecto, los cambios que se terminaron de conocer ayer antes de iniciarse la sesión traerán mas incertidumbre sobre las verdaderas intenciones del Gobierno con relación a lo que sucederá tanto con los holdouts como con los bonistas reestructurados en el futuro.

A la inclusión de Francia como jurisdicción de pago alternativa, el kirchnerismo incluyó otros cambios. El más sonoro fue la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Deuda Exterior de la Nación. Senadores y diputados deberán encargarse, entonces, de "investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha". Y deberán dictaminar sobre su legitimidad. Y se incluye allí un largo juzgamiento sobre los canjes, megacanjes, estatización de deuda privada y blindaje. No sólo los militares, sino también toda la clase política de los últimos 30 años estarán bajo la lupa en una comisión que, finalmente, puede quedar en la nada. El punto no agrega nada a la solución del actual conflicto con la deuda y, por el contrario, le mete más ruido a la discusión al decirles a buitres, reestructurados y hasta acreedores locales que todo el stock histórico de deuda argentina será investigado.

La creación de ese cuerpo forma parte de un pedido histórico de la izquierda local. Es el centro del mensaje repetido año tras año en los recintos por Fernando Pino Solanas y Claudio Lozano. En la práctica la idea es tan interesante como impracticable.

El Gobierno ya había aceptado ofrecer la opción de instrumentar "un canje por nuevos Títulos Públicos regidos por legislación y jurisdicción de la República Francesa", como se conoció el martes pasado. Ese primer cambio a la ley fue producto de un planteo que le hizo el radicalismo, en boca del senador Mario Cimadevilla, como anticipó este diario, a Axel Kicillof en el debate en comisión y que Sergio Massa incluyó, con lapicera de Roberto Lavagna, en su proyecto alternativo.

El razonamiento era simple: si el proyecto faculta al Gobierno a cancelarle el contrato como agente pagador al Bank of New York y fija la opción de cobrar en Buenos Aires a través de Nación Fideicomisos, los acreedores que no aceptaran venir al país quedarían sin domicilio de pago en sus bonos, que en definitiva son un contrato. Francia apareció así como alternativa en el exterior para paliar ese déficit.

En el debate de ayer, Aníbal Fernández arrancó con la defensa alegando que el Banco de Nueva York "no está cumpliendo con las condiciones mínimas exigidas por el Banco Central" y justificando: "Cuando el agente fiduciario está incapacitado para actuar, la Argentina podrá removerlo, sin perjuicio del derecho que asiste a los tenedores de designar a un nuevo agente fiduciario".

Lo cruzó la radical Laura Montero: "Esto no soluciona absolutamente nada, a lo sumo pretenden buscar tiempo, dilatar la situación". Fernando Pino Solanas, entre otros, aportó: "El default en la práctica ya existe, porque la Argentina no tiene los recursos para enfrentar los vencimientos del año que viene".

Tras la votación, el Senado avanzó en la madrugada con el paquete de proyectos que modifican la Ley de Abastecimiento disponiendo "establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia" y "niveles máximos y mínimos de precios" y el que crea un fuero judicial especial para dirimir conflictos entre usuarios y empresas. La oposición ya había adelantado el voto en contra de todo el paquete salvo para el proyecto que crea un nuevo fuero judicial. De todas formas, el kirchnerismo no tenía anoche problemas de número que pudieran complicarle la votación de esos proyectos.