Una salida para el Gobierno: que la Corte avale los amparos a las subas en el gas

El incremento de los precios y tarifas del gas natural decidido por el Gobierno trata de revertir el mayor atraso tarifario real de la historia registrada de los servicios públicos a través de una recuperación violenta con precios del gas ubicados por encima de los valores de frontera o de importación. Es un caso poco común, tanto en la historia tarifaria argentina como en la experiencia internacional. Episodios como éste han sido estudiados recientemente como ciclos tarifarios "populistas" de precios de la energía, tanto para dilucidar su origen como para medir las consecuencias sobre los hogares de una reversión brusca como la observada ahora. En el caso del gas natural, que en estos momentos se ha convertido en la proa de la reacción contra los aumentos implementados por el Gobierno, los efectos sobre el bienestar de los hogares de una reversión del ciclo tarifario real han dado lugar a estimaciones según las cuales, en promedio, los hogares pierden un equivalente del 3% de sus ingresos anuales, pero los deciles más bajos pierden una cifra muy superior. La misma es tres veces mayor para el primer decil (el más pobre).

Los mecanismos de tarifa social implementados recientemente van a amortiguar parte de esta incidencia, pero sólo van a actuar en aquellos hogares que califiquen para la tarifa social, cuando el aumento genera transferencias bruscas en hogares medios que no entran en tal mecanismo. Por ejemplo, si se trata de un hipotético hogar con ingresos de 25 mil pesos mensuales, que va a estar (sólo relativamente) alejado del umbral de la pobreza ubicándose hacia el centro o a la derecha de la distribución decílica de ingresos, la pérdida de ingresos equivalente por la suba tarifaria en gas sería según estas estimaciones del orden de los 10.000 pesos al año, concentrados los mismos en los meses de invierno. El aumento puede poner a esa familia, dado que la misma no califica para una tarifa social, en condiciones de vulnerabilidad de ingresos.

Estas mediciones simples sugieren que la razonabilidad y viabilidad de la tarifa social (que es un mecanismo de subsidio basado en la comprobación previa de medios de vida, como ha sido estudiada hace tiempo en un libro de FIEL) como forma de mitigación de un shock tarifario depende de la magnitud del mismo, porque cuanto mayor sea el aumento tarifario mayor va a ser el número de hogares de ingresos medios que van a tornarse vulnerables al aumento. Este argumento simple fue el que me llevó, hace varios años, a diseminar el argumento de que con la tarifa social no alcanza y que se requiere o bien un esquema de mayor cobertura o bien ir más despacio con los aumentos respecto de lo observado ahora. Yo estaba a favor de una combinación de ambos.

Este argumento no fue escuchado por el Gobierno, por no usar otro adjetivo más acorde. En consecuencia, los aumentos bruscos han llevado a una instancia judicial que desemboca ahora en una inminente decisión de la Corte Suprema sobre los aumentos de gas natural y la ola de amparos que han aparecido en varios puntos del país. Mi visión personal e independiente, que no compromete a FIEL, es que la Corte debería usar el argumento anterior para aceptar los amparos y obligar al Gobierno a revisar los aumentos en gas natural. Ése sería el único camino para que, con la ayuda de la decisión de la Corte, el Gobierno encuentre o pueda invocar un procedimiento que lo haga volver de su error de diagnóstico y diseño, y le permita entrar en fase con un sendero de aumentos graduales y sostenibles para los hogares que al mismo tiempo tengan claro las condiciones a las que se quiere converger en materia de formación de precios del mercado de gas natural en la Argentina. Lejos de una derrota para el Gobierno, si el mismo sabe aprovecharlo, yo lo veo como una gran oportunidad para enderezar el camino y de paso repreguntarnos críticamente a dónde queremos ir en materia tarifaria.