8 de octubre 2012 - 00:00

Veto de Macri ya complica financiamiento para 2013

El macrista Cristian Ritondo increpa a la kirchnerista María José Lubertino por un tweet que ofendió a legisladores del PRO, en la sesión del 28 de septiembre pasado, sobre aborto no punible.
El macrista Cristian Ritondo increpa a la kirchnerista María José Lubertino por un tweet que ofendió a legisladores del PRO, en la sesión del 28 de septiembre pasado, sobre aborto no punible.
Aunque se esperaba, el anuncio de Mauricio Macri sobre el veto a la ley que regula el aborto no punible podría complicar más de lo esperado al PRO en la Legislatura porteña. Es que la oposición y el macrismo sellaron un acuerdo para poder salir de la parálisis legislativa que generó la polémica por el traspaso del subte con el kirchnerismo, entre otras cuestiones. Ese pacto incluye que los bloques rivales al macrismo facilitarán el quórum cuando sea necesario para la votación de leyes clave que requiere el jefe de Gobierno porteño. A su vez, el macrismo facilitará, con la presencia de su bloque en el recinto, los debates de interés de la oposición.

Eso ocurrió cuando se sancionó la ley de aborto no punible, a la que precedió la votación a favor de la solicitud de Macri para emitir deuda por u$s 100 millones que se volcarán a obras viales como demarcación de bicisendas y carriles para el metrobus.

Pero ahora Macri vetará la norma, del mismo modo que anuló una cantidad considerable de leyes impulsadas por sus rivales a fin del año pasado, cuando otro «canje» facilitó la sanción de las leyes económicas más importantes, como el Presupuesto, la tarifaria y el Código Fiscal.

Según el PRO, «el veto no tiene nada que ver con el acuerdo que nos propusimos a fin de salir del atraso legislativa que se provocó este año». Habrá que ver, porque la cuestión se termina complicando más con una denuncia que el PRO asegura que hará mañana contra la legisladora kirchnerista María José Lubertino en el INADI, relacionada con los cruces que se produjeron durante el debate por el aborto.

Mañana, además, está prevista una reunión de presidentes de bloque, precisamente para armar una agenda de proyectos que recalarán en el recinto hasta fin de año. Para el macrismo una de las prioridades es obtener el permiso para un crédito internacional con el cual se pagarán vagones nuevos para la línea H de subterráneos, además del Presupuesto 2013 y la venta del ex Mercado del Plata, que ya está incluida como recurso -cerca de $ 400 millones- para el año próximo.

Ayer, fue Gabriela Michetti quien salió en defensa del veto a la norma sancionada con los votos de la oposición. La diputada dijo que «los legisladores porteños se extralimitaron en sus facultades» y que la ley vetada «es absolutamente inconstitucional».

«Estoy absolutamente de acuerdo con Mauricio. Esa ley es absolutamente inconstitucional»,
resaltó Michetti y destacó que Macri «haga cumplir las normas y la Constitución sin tenerle miedo a lo que es política o no políticamente correcto».

Para el jefe de Gobierno, la norma en cuestión «excede lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo del 13 de marzo último» y tomará en cambio la Resolución 1.252 del Ministerio de Salud porteño que reglamentó el fallo.

En ese sentido, el juez Guillermo Scheibler, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 14, rechazó, el fin de semana, el pedido de una medida cautelar para impedir que mañana se realice el primer aborto no punible en la Ciudad, que tomará el protocolo de la resolución del Ministerio de Salud porteño.

La fundación PRO-Vida había pedido a la Justicia que ordenara al Gobierno porteño «abstenerse de realizar cualquier acto o maniobra tendiente a quitar la vida a un niño por nacer en la Ciudad de Buenos Aires», aludiendo al anuncio de Macri sobre la realización de un aborto.

El juez consideró que las declaraciones de Macri estaban vinculadas «con el cumplimiento de los recaudos legales y reglamentarios actualmente vigentes en la Ciudad de Buenos Aires para la realización de dicha práctica».

«Más allá de la nulidad que los actores persiguen como pretensión de fondo y el resultado que en definitiva obtenga, lo cierto y concreto es que el protocolo de actuación administrativa ante los efectores de Salud dependientes del Gobierno de la Ciudad se encuentra en pleno vigor», indicó el fallo.

Agregó además que se estaría cuestionando la decisión de una mujer adulta que «conforme la normativa vigente y la interpretación que de ella ha formulado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no resultaría prohibida» si se hiciera lugar al pedido de la cautelar.

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