Hoy en la Avenida Belgrano habrá gritos, destemplados sí pero seguramente afinados: en la asamblea anual de la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI) el cantante y compositor Donald McCluskey reiterará sus denuncias contra el Comité Ejecutivo de la entidad, que encabezan Leopoldo Federico, Horacio Malvicino, Susana Rinaldi y el músico del Colón José Votti.
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El autor de «Tiritando» inició ante la justicia una causa por «administración fraudulenta», por haber detectado -según dijo a este diario- «que los derechos por difusión que pagan radios, canales de TV y lugares públicos se asignan de manera arbitraria, favoreciendo a algunos y perjudicando a otros, sobre todo a los grupos más jóvenes, que son los que demuestran menos interés por el tema».
La AADI tiene como tarea recaudar los llamados «derechos de pasada» que deben abonar radios, canales, bares, boliches, hoteles, etc. cada vez que pasan un tema grabado. Luego debe repartir esa recaudación entre los intérpretes, lo que hace de manera semestral. Según Donald, el total ingresado en 2006 trepó a $ 33 millones, de los cuales «sólo una cuarta parte llegó a los asociados: el resto se va en gastos administrativos y fondos para contingencias», asegura.
El músico relata que planteó lo que él considera «irregularidades» en una reunión con Federico y Malvicino; poco después lo citaron a otro encuentro, esta vez oficial del Consejo Directivo -del que él forma parte desde hace seis años- en el que el clima no fue amable precisamente, y donde ratificó sus denuncias, esta vez por escrito.
La reunión se cerró con la expulsión de Donald, tanto en condición de consejero como de socio de la AADI. El argumento de sus compañeros fue que él se había convertido en productor fonográfico de otro músico, tarea incompatible (según los estatutos de la AADI) con la de socio de la entidad.
«Es verdad que produje un disco de Federico Serra Valle, y que financié una edición de mil CD's, pero fue para difusión, no para la venta», explica Donald, que hoy irá a la asamblea a apelar la expulsión y a reclamar una amplia auditoría del movimiento de fondos. También tramitó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) la presencia de veedores en la asamblea, y de la fuerza pública para que «se respete mi derecho a participar y a hablar».
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