La niña de 11 años, que cursaba un embarazo tras haber sido violada por la pareja de su abuela, fue sometida finalmente a una cesárea en el Hospital del Este "Eva Perón", de la ciudad de tucumana de Banda del Río Salí, a pesar de que tanto la menor como la madre habían solicitado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
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La operación, según informaron medios locales, se realizó anoche y la menor se encontraba fuera de peligro, mientras que el feto nació con 600 gramos y se encontraba en la sala de neonatología del centro asistencial en estado delicado.
Según el sitio "Tucumán a las 7", el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) había ordenado a las autoridades del hospital que se realice el procedimiento en función de "salvar las dos vidas".
El embarazo de la menor se había conocido hace dos meses en un centro de atención primaria de la salud del Este en Tucumán, cuando llevaba 16 semanas de gestación.
La víctima había acudido al establecimiento sanitario por dolores de panza y allí reveló que fue violada por la pareja de su abuela.
La madre de la niña hizo la denuncia y el sospechoso fue aprehendido en virtud de una orden de María del Carmen Reuter, fiscal de Instrucción en lo Penal de la capital tucumana.
"El caso de esta niña está dentro de lo que contempla nuestro Código Penal desde 1921 y se reafirmó de manera clara con el caso FAL", de la Corte Suprema de Justicia que sentó precedente en el país, señaló Marisa Herrera, abogada especialista en Familia.
La letrada, una de las redactoras de la reforma del Código Civil, sostuvo que "el Sistema Provincial de Salud terminó haciendo lo que debería haber hecho al principio y aquí lo más perverso es el paso del tiempo".
"Lo que hicieron fue judicializar, todo lo contrario a lo que indica el fallo FAL que es clarísimo al respecto. El comunicado de anoche (del Sistema Provincial de Salud de Tucumán) es perverso primero porque el fallo FAL no habla de 'salvar las dos vidas' y después porque es mentira que ellos quieran 'salvar las dos vidas' porque de ser así deberían haber hecho que el embarazo siguiera adelante", insistió.
Herrera precisó que "lo que hicieron fue una ILE, pero por su responsabilidad tardía, sucedió esto", y comparó el caso con el de la niña de 12 años violada en Jujuy, que también fue sometida a una cesárea a mediados de enero.
"¿Quién se hará cargo de los daños producidos a la niña? Porque el retardo en la ILE viola el derecho a la salud que no es sólo lo físico sino lo psíquico y social, una definición la OMS desde 1948", añadió.
En tanto, Cecilia Ousset, declaró hoy que a la menor de edad "la obligaron a seguir gestando" y que el gobierno de Tucumán "por una cuestión electoral impidió que se realizara la interrupción legal del embarazo".
"Una nena de esa edad tiene peligro de muerte porque no tiene el cuerpo desarrollado para continuar el embarazo", afirmó Ousset en diálogo con Radio Nacional Tucumán, tras conocerse que el Sistema de Salud Provincial (Siprosa) ordenó anoche la práctica dando cumplimiento a un fallo judicial.
"Cuando llegamos al quirófano la niña pidió escuchar música cristiana mientras jugaba con muñequitas, la vi y se me aflojaron las piernas, era como ver a mi hija menor, la chiquita no entendía todo lo que iba a pasar", añadió Ousset.
La profesional denunció que "la nena estuvo 7 semanas a cargo del sistema público de salud y creo que el gobernador Juan Manzur, por una cuestión electoral, impidió que se realizara la interrupción legal del embarazo y obligó a la nena a dar a luz; eso es tortura".
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